Ilich Valdez
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó información al Gobierno de México sobre la crisis de desapariciones en el país y advirtió que continuará con el escrutinio internacional, mientras espera una nueva reunión con las autoridades mexicanas para buscar alternativas de solución a esta problemática.
El presidente del organismo, Juan Pablo Albán, aseguró que el seguimiento al caso mexicano no se detendrá después de que la situación fue llevada ante la Asamblea de las Naciones Unidas, por lo que el Comité continuará ejerciendo sus facultades para requerir información y supervisar las acciones del Estado.
Durante su participación en un foro celebrado en la Facultad de Derecho de la American University, en Washington, D. C., Estados Unidos, Albán sostuvo que la responsabilidad del organismo internacional era defender los derechos de las víctimas de desaparición forzada, por encima de cualquier consideración diplomática o política.
El especialista subrayó que el Comité no estaba para hacer amigos, sino para velar por los intereses de las víctimas, y reiteró que mantendría su intervención en el caso mexicano mediante los mecanismos previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Albán reconoció que todavía existía incertidumbre sobre las consecuencias de haber recurrido al artículo 34 de dicha Convención para llevar la situación de México ante las Naciones Unidas, debido a las particularidades políticas y diplomáticas que rodeaban el procedimiento.
Explicó que el asunto se encontraba en discusión en Nueva York, donde los debates se desarrollaban en un entorno político complejo, pues los Estados generalmente evitaban señalar directamente a otros países por las incomodidades diplomáticas que podían generarse.
Ante ese escenario, consideró posible que algunas naciones asumieran un papel de intermediarias entre las víctimas y el Estado mexicano, con el propósito de facilitar el diálogo y generar condiciones para que las autoridades mostraran mayor apertura a los mecanismos de cooperación internacional.
No obstante, el presidente del Comité reconoció que México había adoptado numerosas medidas después de la aplicación del artículo 34, entre ellas acuerdos de cooperación con Alemania, España, Países Bajos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acciones que, señaló, no se habían concretado anteriormente.