 contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B, fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Quien dio entrada fue el ministro Alberto Pérez Dayán, donde el INE alega una invasión a sus facultades.Además, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán se menciona que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.“…el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.){kind=link}
Pablo Daniel N.
La controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B, fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quien dio entrada fue el ministro Alberto Pérez Dayán, donde el INE alega una invasión a sus facultades.
Además, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.
En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán se menciona que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.
“…el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.