Ilich Valdez
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, integrada por 100 abogadas y abogados que brindarán asesoría y representación legal gratuita a personas que enfrenten casos de despojo, despido, abandono familiar, herencias, regularización territorial y otros conflictos jurídicos.
El nuevo servicio operará todos los lunes a partir de las 16:00 horas en el Zócalo capitalino y forma parte de la Estrategia Integral contra el Delito de Despojo, con la que el Gobierno de la Ciudad de México busca proteger el patrimonio de las familias y facilitar el acceso a la justicia.
Brugada Molina señaló que la defensoría pretende garantizar que las personas puedan recibir información, acompañamiento y representación jurídica independientemente de su situación económica. Afirmó que la ley debe proteger a quienes no cuentan con recursos, influencias o poder para enfrentar un proceso legal.
La mandataria capitalina destacó que una de las prioridades será atender a personas que estén en riesgo de perder una vivienda, terreno o departamento. Añadió que la estrategia contra el despojo contempla acciones preventivas, entre ellas un programa para avanzar en la escrituración y regularización de propiedades.
Precisó que, de cada 10 denuncias relacionadas inicialmente con posibles despojos, aproximadamente una tercera parte corresponde efectivamente a ese delito, mientras que el resto está vinculado con otros conflictos que también requieren atención y seguimiento jurídico.
Brugada anunció además que la Defensoría “Ponciano Arriaga” será el primer paso para establecer otros mecanismos especializados, entre ellos defensorías inquilinaria, de las Mujeres y de adultos mayores. También planteó una reestructuración de la Procuraduría Social para transformarla en la Defensoría Social de la Ciudad de México.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que desde las primeras horas de operación se recibieron diversos casos. Explicó que las personas atendidas reciben un carnet de citas para mantener seguimiento de sus asuntos y destacó la coordinación con instituciones judiciales, organismos de derechos humanos, notarías y autoridades ministeriales.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, explicó que el organismo participará con orientación sobre el funcionamiento de los juicios, la documentación necesaria y los juzgados a los que deben acudir las personas, sin intervenir en las decisiones ni en la imparcialidad de los procesos judiciales.
La defensoría lleva el nombre de Ponciano Arriaga como reconocimiento al impulsor de la Procuraduría de Pobres de San Luis Potosí y a su papel histórico en la promoción del acceso a la justicia para personas de escasos recursos.