Por Mariana Ramos
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia este jueves.
El dictamen fue aprobado por 266 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PVEM, y PT, así como 205 sufragios en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, en lo particular.
En la discusión se interpusieron e 61 reservas a 40 artículos, de los cuales solo se avaló una modificación propuesta por el diputado petistas, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña a los artículos 19, 33, 37 y 41.
Así quedó establecido que las sesiones de juicio de procedencia deberán ser presenciales, incluir la presunción de inocencia para el presidente de la República y que la resolución requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y de los senadores presentes.
Además, los diputados de oposición buscaron evitar que los congresos locales estén obligados a acatar los desafueros que se avalen en el congreso federal, sin embargo, todas las reservas fueron desechadas.
También se intentó evitar la posibilidad de presentar una denuncia solo con “datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”, para que en su lugar se presenten “con pruebas documentales y elementos probatorios”.
Además, se pidió revertir el incremento de los integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco.
En todos los casos, las reservas fueron desechadas.
Ahora, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia fue enviads a la Cámara de Senadores para su discusión y en su caso, aprobación.
En su artículo 35 de la nueva ley se establece que “por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia”.
Propone también que la Sección Instructora de la Cámara Baja, encargada de dictaminar la procedencia de los desafueros, rompa con el orden de prelación de como hayan sido presentadas las solicitudes de juicio de procedencia y aumenta de 4 a 5 su número de integrantes para evitar que existan empates.