Mariana Ramos
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Cervantes Contreras, reconoció que existen limitaciones legales, presupuestales y administrativas que reducen la capacidad de fiscalización del organismo, al tiempo que informó que durante su gestión se han realizado alrededor de 27 auditorías, con observaciones por aproximadamente 157 millones de pesos.
Durante su reunión de trabajo con diputados federales, explicó que la legislación establece que el programa anual de trabajo del OIC debe ser aprobado por el Consejo General del INE, situación que consideró contradictoria porque coloca al órgano fiscalizador en una posición de dependencia respecto de la instancia que debe vigilar.
Como ejemplo, indicó que el retraso del Consejo General en aprobar el programa del año pasado provocó que las labores de fiscalización comenzaran hasta mayo, por lo que actualmente acumulan apenas 18 meses de trabajo efectivo de auditoría.
Cervantes Contreras precisó que los casos expuestos ante los legisladores corresponden solamente a tres observaciones, mientras que en su última auditoría notificaron 45 observaciones.
Explicó que las contrataciones de materia electoral representan apenas cuatro por ciento del universo que debe revisar el órgano, mientras que el 96 por ciento restante corresponde a otras actividades y áreas del Instituto.
Detalló que cuando detectan riesgos o posibles anomalías en los procedimientos de contratación, programan auditorías para realizar investigaciones metodológicas y determinar si existen responsabilidades administrativas.
El funcionario también planteó la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para fiscalizar a distancia las juntas distritales y locales, mediante mecanismos como buzones electrónicos y revisiones remotas, con el propósito de reducir gastos de traslado y viáticos.
Sobre el presupuesto, señaló que el OIC opera con la mitad de los recursos que tuvo el año anterior y sostuvo que, pese a esa reducción, ha conseguido ampliar sus resultados de fiscalización.
Asimismo, indicó que los órganos internos de control de los organismos autónomos no forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción ni del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que pidió a los legisladores revisar el marco legal para fortalecer sus atribuciones y capacidades.
Respecto a las empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas, aclaró que esa materia corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque el OIC debe dar vista a las autoridades competentes cuando detecta inconsistencias fiscales.
Y, afirmó que el actual órgano interno de control es el primero que ha fiscalizado este tipo de contratos electorales y ofreció presentar un informe sobre los hallazgos de administraciones anteriores.