Mariana Ramos
Vecinos acusaron al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, de ignorar las denuncias ciudadanas por actos de extorsión y cobros indebidos atribuidos a personal de vía pública de su administración, mientras mantiene confrontaciones con jóvenes que cuestionan su gestión.
Los vecinos expresaron su respaldo al joven Rodrigo Méndez, estudiante de la UNAM, quien denunció públicamente el caso de un comerciante identificado como el señor Luis, al que las autoridades de la demarcación dejaron sin trabajo.
Méndez solicitó apoyo para encontrarle una oportunidad laboral y señaló posibles actos de extorsión relacionados con su situación.
Los vecinos sostuvieron que el caso no es aislado y aseguraron que existen decenas, posiblemente cientos, de inconformidades ciudadanas relacionadas con supuestos abusos de autoridad, exigencias económicas y cobros irregulares en el área encargada de regular el comercio en la vía pública.
Además, cuestionaron que, ante estos señalamientos, el gobierno de López Casarín responda con descalificaciones contra quienes hacen públicas las irregularidades.
Los cuestionamientos tienen antecedentes concretos. En mayo pasado, durante la comparecencia del alcalde ante el Congreso de la Ciudad de México, legisladores le entregaron 22 casos reportados directamente por comerciantes sobre presuntos cobros indebidos.
En septiembre, vecinos reiteraron su exigencia de investigar las denuncias y aclarar qué seguimiento habían recibido, particularmente ante la posibilidad de que servidores públicos utilizarom sus facultades para presionar económicamente a quienes dependen del comercio para subsistir.
A través de sus redes sociales, vecinos calificaron al alcalde de autoritario e indolente, al considerar que resulta más sencillo atacar a sus críticos que resolver los problemas de su administración. “
No es peleando con los jóvenes como se gobierna”, advirtió un vecino, quien exigió al funcionario poner orden en las áreas bajo su responsabilidad y responder a los señalamientos de la ciudadanía.
La controversia ocurre en medio de nuevos cuestionamientos contra López Casarín. El 29 de octubre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México inició un procedimiento especial sancionador en su contra por posibles actos de promoción personalizada y vulneración de las reglas de difusión de informes de gobierno.
La autoridad electoral confirmó la existencia de propaganda en 17 de las 30 ubicaciones denunciadas y ordenó su retiro en un plazo de 24 horas a partir de la notificación, sin que ello represente una determinación definitiva de responsabilidad.