Por Eduardo Yañez
La asociación Amnistía Internacional México urgió a Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados a revelar si hay aún contratos vigentes entre el Estado y el sistema de inteligencia y espionaje isrelí conocido como Pegasus.
A través de sus redes sociales, Amnistía Internacional, quien dio a conocer el uso masivo de ese softwear para vigilar a periodistas, políticos, víctimas y otras personas en el mundo y México, entre ellos la familia del ahora presidente López Obrador, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a aclarar el tema.
Es necesario, indicó, tener certeza sobre su uso o no.
“Urgimos al gobierno de México a revelar si existen contratos relacionados con NSO Group a través de los trabajos iniciados por el
@INAImexico en 2018. El GobiernoMX debe dar certeza que el software espía ya no está siendo utilizado en el país”
Aministía Internacional México además hizo un llamado al Congreso para evitar que pueda volver a usarse una software espìa que afecte y viole derechos humanos.
“Hacemos un llamado a @Mx_Diputados para llevar a cabo los trabajos legislativos necesarios para regular el uso de este tipo de licencias en México. En el país deben existir medidas claras y efectivas de control que impidan el abuso de vigilancia gubernamental. #PegasusProject
Luego de revelarse que por lo menos 15 mil personas en México fueron vigiladas a través del programa de tecnología israelí, para lo cual hubo una lista de los propietarios de esas líneas telefónicas, la organización internacional volvió a referirse al tema, sobre lo cual dijo debe detenerse y ser invstigado.
“Un caso de vigilancia masiva como este no puede quedar en la impunidad, es necesario que se busque responsabilidad por los casos de espionaje a personas defensoras y periodistas que han tenido consecuencias fatales en esta o anteriores administraciones.
@SEGOB_mx @ASF_Mexico”, indicó en sus mensajes en los que arrobó a dependencias estatales.
Fue a través de la pasada administración que Pegasus fue contratado por la pasada administración, llevando como contratista a Tomás Zerón, entonces jede de Investigación criminal.
Fue la entonces procuradora Arely Gómez quien recibió el programa de espionaje, para usarlo contra 500 objetivos, de acuerdo con el contrato que data de 2015.
Entonces Noé Ramírez Gutiérrez, jefe de la oficina de la procuradora General de la República, fue nombrado como “administrador y operador del sistema” Pegasus.
Y el “administrador del contrato” es Rafael Aviléz, quien fuera director general de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la PGR.
Fue a través de la empresa Grupo Tech Bull, S.A. de C.V., que se entregó el software a la PGR y capacitar a 25 elementos del personal para su uso.