 en los ejercicios fiscales de 2015 y 2017.Lo anterior porque un Tribunal rechazó ampararla.El magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, propuso negar la protección de la justicia en los dos amparos en revisión que interpuso la conductora de televisión contra las sentencias que le negaron la protección de la justicia.Los dos mandamientos judiciales satisfacen los requisitos que establecen el artículo 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la necesidad de cautela.Aseguró que las órdenes de aprehensión cumplen con los requisitos en cuanto a la existencia de datos de pruebas y de que la quejosa presuntamente cometió los delitos.Medécigo Rodríguez indicó que se tuvo acreditada la necesidad de cautela por el riesgo de sustracción de la justicia por parte Inés Gómez Mont.Además, porque no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados al salario.){kind=link}
Por Pablo Daniel N
Dos órdenes de aprehensión libradas contra Inés Gómez Mont siguen vigentes, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ejercicios fiscales de 2015 y 2017.
Lo anterior porque un Tribunal rechazó ampararla.
El magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, propuso negar la protección de la justicia en los dos amparos en revisión que interpuso la conductora de televisión contra las sentencias que le negaron la protección de la justicia.
Los dos mandamientos judiciales satisfacen los requisitos que establecen el artículo 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la necesidad de cautela.
Aseguró que las órdenes de aprehensión cumplen con los requisitos en cuanto a la existencia de datos de pruebas y de que la quejosa presuntamente cometió los delitos.
Medécigo Rodríguez indicó que se tuvo acreditada la necesidad de cautela por el riesgo de sustracción de la justicia por parte Inés Gómez Mont.
Además, porque no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados al salario.