Por: Leonardo de la Garza
Como Sociedad, es común pensar que, si un Juez emite una sentencia de condena, es porque era lo justo para quien figura como parte ofendida o como víctima del delito.
Como Sociedad también es común pensar que, si se emite una sentencia absolutoria que ordena la libertad de una persona en prisión, es porque se cometieron ilegalidades, porque hubo corrupción, y por ello se comete una injusticia en agravio de la víctima o parte ofendida.
PERO… ¿Qué sucede cuando esa sentencia se sostiene con alfileres, y está basada en malas investigaciones?
¿Qué pasa cuando los participantes en la investigación de los delitos (policías, peritos, agentes ministeriales) no tienen resultados inmediatos y tratan de “cuadrar un círculo” forzando un hecho a ciertas evidencias, como coaccionar a testigos?
¿Qué sucede cuando los Jueces emiten sus sentencias, en contra de la norma, y en contra de lo que se probó en juicio, sólo para evitar el escrutinio de la sociedad?
Pero sobre todo…¿Qué sucede cuando los Jueces dejan de aplicar lo que dicen las Leyes y mejor resuelven conforme a su propia moral, a sus valores o a su religión?
Más allá del proceso jurídico correspondiente que se tenga que presentar para tratar de solventar estas situaciones; hagamos una pausa, para meditar el papel y el peso del juez en ésta complicada ecuación.
El Juez, como todo ser humano, cuenta con una serie de creencias, ideologías, valores, sentimientos, que conforman su lado moral como individuo y que al momento de sentarse en la “Silla de la Justicia” (cosa nada sencilla como juzgador de un hecho penalmente relevante), debe olvidar en su totalidad, y cuidar que su decisión no se vea permeada por esta moral o conjunto de creencias, ya que sólo debe aplicar el Derecho vigente para resolver lo mejor posible, el hecho que se le presenta, teniendo pleno conocimiento, de ante mano, de que inevitablemente afectará a uno de los contendientes, ya sea a la víctima o a el preso, con lo cual se beneficiará la otra parte, y sobre todo, sabiendo que cualquiera que sea su decisión al respecto será sometido al escarnio de los medios y a la opinión pública.
Es el Juez quién con todo ese peso en sus hombros, debe despojarse de toda esa carga moral, emotiva o sentimental, para dotarse de una verdadera imparcialidad y objetividad que le permitan resolver el conflicto conforme a las leyes que nos gobiernan ponderando así cada una de las pruebas que confirmen o no el hecho juzgado, buscando generar un estado de justicia para ambas partes involucradas.
Es ahí donde, en no pocas ocasiones, los Jueces fallan.
Anteponer estas ideologías, intereses, sentimientos, o un “deber ser” personalizado, vulnera gravemente el Estado de Derecho aplicable a cualquier persona de la Sociedad, ya sean víctimas, o imputados.
Por más dura que esta labor sea, en el momento en el que el Juez se posa en la “Silla de la Justicia” frente a una víctima de violencia, robo, o fraude, y frente a un “presunto culpable” que tal vez por sus características físicas o por el hecho que se le imputa, lo hacen prejuzgar y simpatizar con la víctima; siendo justamente allí en donde comenzamos a tener graves problemas de subjetividad en el hecho ya que, no podemos dejar a un lado la posibilidad de que en algún momento, algún día, a cualquiera de nosotros que vivimos en esta Sociedad, por azar del destino o alguna circunstancia ajena, nos pudiera tocar ese mismo trato alejado de lo que dictan nuestras Leyes y nuestro Estado de Derecho.
Es por eso que, por más duro que parezca, a nadie nos gustaría ser juzgados dejando de lado los derechos mínimos que se encuentran previstos en las leyes mexicanas, y también es una realidad que a la persona privada de su libertad no debería dañársele más allá de lo que las leyes indican (actos de molestia), buscando que la víctima encuentre satisfacción en ello o desarrolle un sentimiento de venganza, en donde ésta sólo debería obtener lo más cercano posible a una restitución de las cosas al estado previo o una reparación del daño.
Observando lo anterior y considerando ambos supuestos, como resultado al final solo se desarrolla la potencialidad de que se anule el proceso de investigación o juzgamiento, por el hecho de no haberse respetado los derechos de una de las partes, permitiendo que sin pretexto alguno las personas involucradas ejerzan debida y plenamente cada uno de sus derechos violados.
Así también, los Jueces sabedores de que la gran mayoría de las investigaciones penales son deficientes, suelen o deciden caer en la tentación de “hacer justicia” a su manera, simpatizando con una de las partes, por ejemplo: haciéndose de la vista gorda ante una deficiencia probatoria o ayudando al Ministerio Público, y con ello alejándose de lo que dictan las leyes, pasando por alto lo que las evidencias realmente prueban o dicen del caso, siguiendo corazonadas con base en su moral, creencias o su propio sentido de la justicia.
Y aun cuando nuestro sistema penal contempla la posibilidad de que la sentencia sea revisada, para tratar de enmendar o reparar dichas situaciones, lo cierto que es que siempre se causa un daño irreparable en estos casos, cuando los juicios no se resuelven conforme a las leyes, sino conforme al sentir o la primera impresión que dan las partes, o como ya lo señalamos con anterioridad, basándose en creencias e ideologías personales, generando con ello que transcurra el tiempo de manera irrepetible, con una persona en prisión en incertidumbre de si será liberado o pasará su vida tras las rejas y con otra persona esperando que se le repare el daño causado, así como pendiente de conocer en qué terminará toda la desagradable situación en la que se ven involucrados.
Por ello es importante reconocer que: nos guste o no, lo entendamos o no, para bien o para mal, contamos con un sistema de derechos, libertades, principios, normas y reglas aplicables a todas las personas dentro de México, que nos protegen hasta el día de hoy sin distinciones ni discriminaciones, sabedores de lo que podemos y no debemos hacer, así como de las consecuencias que tales acciones u omisiones tendrán.
Las leyes, sientan las bases para que la estructura jurídica funcione adecuadamente y sea aplicable a todos y cada uno de los individuos del País en el que residimos, sin distinción alguna, sin juicios preconcebidos, sin una moral individualizada y sin creencias personales, no podemos permitir que arbitrariamente el juez decida qué aplica y qué no aplica, conforme al humor o estado de ánimo conque amaneció, conforme a designios o presiones políticas, o conforme a sus nuevas creencias, cada día que se sienta en la “Silla de la Justicia”, y que esto se convierta en la base de su juicio para emitir una sentencia, desoyendo lo que dictan las leyes.
Sin duda que no es fácil ser Juez, y ciertamente es uno de los cargos más impopulares puesto que la mayoría de las veces se afectará a alguien y se beneficiaría a la otra parte, y siempre con el escrutinio público. El Juzgador que no acepte su rol “impopular”, de impartir justicia en estricto apego a las leyes que nos rigen, y se rija por cuidar su imagen pública conforme a su propia moral y valores, es un peligro para cualquier persona que eventualmente tenga que ser juzgada respecto a sus bienes o derechos ante ese Juez Moralista y Arbitrario.
Dicho esto, la sentencia penal, realmente es ¿sinónimo de justicia?
Abogado postulante en materia Penal
Maestrante en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España
Maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de BCS, México
Diplomado en Litigación Oral por la Universidad de Salamanca, España
lgarza@litigiopenal.com