SCJN: Requerir información sobre secreto bancario, no vulnera privacidad

Araceli Olivares
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), determinó que las autoridades hacendarias puedan requerir información para fines fiscales sin autorización fiscal previa, lo que no implica una violación a la privacidad de las personas.

A través de un comunicado se informó que la Primera Sala determinó que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que las autoridades hacendarias gubernamentales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial.

Ello se desprende de la resolución de un juicio de amparo en el que la persona solicitante de la protección federal reclamó la inconstitucionalidad de dicho artículo, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre sus cuentas bancarias, con la que la autoridad hacendaria interpusiera una denuncia en su contra por la posible comisión del delito equiparable al de defraudación fiscal.

El afectado argumentó que el precepto analizado transgrede el derecho a la privacidad e intimidad.

Los ministros de la Primera Sala reconoció la relevancia del derecho a la privacidad; pero advirtió que como todo derecho no es absoluto y debe ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional.

Ejemplo de esto último es cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir al gasto público, el cual puede mermarse a través de conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada.

Además, los ministros determinaron que la solicitud de información financiera por parte de las autoridades hacendarias «no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal, sino una actuación administrativa para fines de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que no resulta arbitraria pues debe estar debidamente fundada y motivada».

Y a partir de la información remitida, la autoridad puede acudir ante el Ministerio Público para denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito.