Por Belén Valdez
Se cumplieron dos años de que fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla y Rosario Robles, ex funcionaria federal y ex jefa de Gobierno, es señalada por la Fiscalía General de la República de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma. Ahora, que ha querido colaborar en todo, pero nadie se le acercó.
Además, pesa sobre ella otra denuncia por Delincuencia Organizada que debe ser ejecutada y notificada por la Fiscalía, acusación que ella ha negado desde el día de su detención, cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
Su abogado Epigmenio Mendieta aseguró que la exfuncionaria no mentirá para construir “una narrativa política” sin bases sólidas.
“La Fiscalía no ha tenido acercamiento, incluso ha sido una de las causas de reclamo de la propia Robles, que nadie de primer nivel se acercó a ella para que, en su caso, diera información respecto a los hechos. En el momento en que se planteó que ella colaborara no hubo la disponibilidad y ante eso la propia Rosario retiró la posibilidad de colaborar como colaboradora de la Fiscalía”, explicó.
El defensor de la ex Secretaría Federal indicó que “hay una narrativa política que gustaría que Rosario Robles dijera e involucrara a funcionarios, sin embargo ella ha sido enfática en que no se va a prestar a construir una narrativa que no esté construida sobre bases sólidas y que no se puedan probar”.
En agosto de 2019 el Juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó que Rosario Robles continuara sus procesos en prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu 2015-2018), es acusada de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención (13 de agosto de 2019), cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
“Aquí hay un único hecho y eso es que la información con que se cuenta ahorita en contra de Rosario Robles es únicamente por omisión, de tal manera que los comportamientos específicos de haber tomado decisiones o en su caso encontrado recursos, no están en la persona de Rosario Robles”, precisó su abogado, quien denunció que el delito por el que se le acusa no es grave y por lo tanto tendría que llevar su proceso en libertad conforme al Artículo 19 de la Constitución.
Robles Berlanga, de 65 años, publicó el pasado miércoles una carta abierta en su cuenta de Twitter, en donde insistió en que la decisión para mandarla a prisión preventiva justificada la dictó un Juez que tenía un conflicto de intereses, en virtud de que tiene un parentesco con su enemiga política, Dolores Padierna.
El 13 de agosto de 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no. Posteriormente se le acusó del uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos. Su propia defensa, horas antes, dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría.
Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la administración pasada, dijo que Rosario Robles no actuó sola, que todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu fueron estructurados desde el alto poder. Advirtió que hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado.
“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la exauditora en una entrevista. “Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.
Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.