 correspondiente al 19 de mayo pasado, bajo el título: “Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”. Funcionarios de diversos niveles se han amparado, mientras que instituciones autónomas han promovido recursos ante la Suprema Corte, todos en busca de evitar que se les aplique la citada ley de remuneraciones. Y es que en ella se advierte que ningún funcionario federal podrá ganar más que el presidente de la República. A la fecha muchos de los citados recursos legales siguen bajo estudio de jueces, magistrados y ministros.){kind=link}
Por Eduardo Yañez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la reforma a la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, promulgada en mayo pasado, “subsana” la discrecionalidad que había para establecer el salario del Pesidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además, con la entrada en vigor de dicha reforma, se da cumplimento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional al resolver, en mayo de 2019, las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018.
Explicó que en los artículos 10, 11, 12, 13, 20 y 22 de la Ley reformada se establecen los parámetros para fijar el salario del titular del Ejecutivo Federal y las bases para calcularlo y determinarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
“Con ello, formalmente se subsana la discrecionalidad que fue cuestionada por los diversos Senadores integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión y, al efecto, se establecieron criterios para la fijación de remuneraciones, atento a los principios previstos en el artículo 127 constitucional y en los diversos 1, 94 y 123 de la Constitución”, dijo en un acuerdo.
Agregó que, con la legislación emitida por el Congreso de la Unión se regula también la facultad de la Cámara de Diputados para fijar la remuneración del presidente, con apoyo en criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales.
Advirtió que esto se hace ya sin limitarse a reproducir la fracción III del artículo 127 constitucional, como lo hacía la Ley abrogada en sus porciones normativas declaradas inconstitucionales por el pleno de la Suprema Corte.
La citada reforma a que se refiere la Suprema Corte fue publicada en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) correspondiente al 19 de mayo pasado, bajo el título:
“Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.
Funcionarios de diversos niveles se han amparado, mientras que instituciones autónomas han promovido recursos ante la Suprema Corte, todos en busca de evitar que se les aplique la citada ley de remuneraciones.
Y es que en ella se advierte que ningún funcionario federal podrá ganar más que el presidente de la República. A la fecha muchos de los citados recursos legales siguen bajo estudio de jueces, magistrados y ministros.