Queda insubsistente orden de aprehensión contra Jesús Orta, ex titular de SSC

Por Gloria Mendoza

Un juez de distrito le concedió el amparo a 13 ex servidores públicos de la extinta Policía Federal (PF) en contra de la orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 7 de agosto de 2020 por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal 239/2020.

El impartidor de justicia solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero aún no difunde la versión pública de la sentencia.

No obstante, informó que el amparo es para el efecto de que se deje insubsistente el mandamiento de captura en lo que respecta a Jesús Orta Martínez, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El fallo también favorece a Carlos Hipólito Rivera Codina, quien estuvo adscrito a la División de Fuerzas Federales y se desempeñó en la Guardia Nacional como director general de Servicios Especiales.

Edgar Ulises Calderón Luna, quien fue suboficial en la Policía Federal y su función principal era la del manejo de recursos financieros.

Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, ex director de Área en la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal y más tarde en la División de Fuerzas Federales.

Osvaldo Martínez Hernández, quien fue subdirector de Área en la Dirección de la Tesorería de la Policía Federal.

Los otros ex servidores públicos a los que se les concedió la protección de la justicia federal son: Jorge Carlos Ruiz Alavez, Verónica Tlahuitzo Pérez, María Eldy Sosa Calderón, Everardo Guzmán Linares, Leopoldo Martínez Escamilla, Carmen Patricia Quiñonez Piña, José Manuel Correa Flores e Israel Luna Espinosa.

Asimismo, el juzgador notificó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya impugnó su resolución, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado resolver si la confirma, modifica o revoca.

De acuerdo con la investigación, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez, quienes se desempeñaron como secretarios generales de la PF, desviaron recursos públicos por 2 mil 500 millones de pesos, relacionado con la compra de aviones y helicópteros a sobreprecio, así como por compras simuladas.