PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
¿MEDIDA CAUTELAR O PENA ANTICIPADA?

Por María Villegas Reyes

Para comenzar a hablar del tema es importante analizar qué es la prisión preventiva y su origen legal. La prisión preventiva es una de las catorce medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos penales, la cual puede ser impuesta por el juez de control para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, para garantizar el desarrollo de la investigación y para proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad.

El juzgador debe tomar en consideración la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar, la cual deber ser aplicada con criterio de mínima intervención. Nuestra legislación contempla dos tipos de prisión preventiva, justificada y oficiosa. La prisión preventiva podrá justificarse por tres razones; la primera de ellas es para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el desarrollo de la investigación, es decir cuando exista peligro de sustracción del imputado; La segunda de ellas es para garantizar el desarrollo de la investigación, es decir cuando exista algún tipo de peligro de que el imputado pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación; La tercera razón para la imposición de la prisión preventiva, es para proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad, si existiera algún riesgo de que la seguridad de la víctima, de los testigos o la comunidad en general estuvieran en peligro por el imputado.

El origen de la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional, se encuentra en la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual introdujo el sistema penal acusatorio al orden jurídico mexicano y sentó las bases para contextualizar la medida cautelar de la prisión preventiva de forma diferente a cómo se entendía y operaba en el sistema de justicia penal, identificado como tradicional o mixto, la cual clasificaban los delitos como graves y no graves, para la implementación de la prisión preventiva. El artículo 19 constitucional establece que el ministerio público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y/o la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, pero también establece un catálogo de delitos en los cuales el juez de forma oficiosa impondrá la presión preventiva sin necesidad de entrar a debate o justificarla.

Basta con que la fiscalía judicialice la carpeta de investigación imputando un delito contenido en el catálogo del artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales y que se dicte auto de vinculación a proceso para que el juez de control esté obligado a imponer la prisión preventiva a la persona, sin mayor esfuerzo por parte de la fiscalía y sin oportunidad para que el imputado pueda hacer uso de su derecho a defensa y debatir la imposición de la medida cautelar. Trasgrediendo los principios de presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad.

Aunado a que el uso excesivo de la prisión preventiva contribuye en gran medida al hacinamiento carcelario que tiene a las personas privadas de su libertad en condiciones deplorables e inhumanas, siendo, además, en la gran mayoría de los casos, víctimas de diversos delitos dentro de los centros penitenciarios. México es uno de los pocos países de América latina que estable en su ordenamiento jurídico la prisión preventiva de manera oficiosa, aunque en toda América Latina el uso de la prisión preventiva es excesivo, en la mayoría de los casos se tiene que justificar la imposición de la misma, en cambio, en México al estar contemplado en nuestra constitución el juez está obligado a la imposición de la misma sin necesidad de que la Fiscalía la justifique, es decir el Juez de Control impone la prisión preventiva cuando se impute una o varias conductas establecidas en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se haya vinculado a proceso al imputado.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos de la justicia penal que enfrentan los países de América Latina [2]. En las Américas [3], incluyendo Canadá y los Estados Unidos, una de cada tres personas a la espera de juicio se encuentra tras las rejas y, durante las últimas dos décadas, el número de personas en prisión preventiva en la región ha aumentado cerca del 60 por ciento [4]. Una de las principales causas de este incremento es el uso excesivo de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas en América Latina.

México forma parte de diversos tratos internacionales que establecen y regulan el uso de la medida cautelar, tales como: El artículo 9 fracción III del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala: “…La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” [5], es decir, la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar y la prisión preventiva oficiosa contemplada en nuestra legislación violenta derechos humanos fundamentales.

La prisión preventiva oficiosa atenta contra la finalidad del sistema penal acusatorio, el cual tiene como objeto la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las garantías individuales, y el cual establece como uno de sus principios y derechos, la presunción de inocencia, es decir todas las personas tienen derecho a que se les presuma inocentes y a ser tratados como tal durante el desarrollo de todas y cada una de las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. Al momento de imponer prisión preventiva, en especial la prisión preventiva oficiosa, la cual como ya se dijo es impuesta de forma obligatoria y automática por parte del juzgador, se está juzgado de forma anticipada al gobernado, trasgrediendo sus derechos humanos ya que la misma no es idónea ni proporcional en la mayoría de los casos, al no ser justificada ni debatida por las partes. Impuesta inclusive en delitos en grado de tentativa por el simple hecho de estar contemplada en el catálogo, lo cual a todas luces es injustificado y desproporcionado.

Según estadísticas del sistema penitenciaron, en México hasta junio de 2022 se encontraban privadas de la libertad 226,916 personas, de las cuales 92,595 se encontraban en prisión preventiva [6]. Es decir, más del 40% de las personas privadas de su libertad está en prisión preventiva.

Un ejemplo de lo anterior es el caso García Rodríguez y otros vs. México, el cual se relaciona con la responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, mismos que no tuvieron conocimiento de los delitos que se les imputaba, ni las razones de su detención sino hasta 45 y 34 días luego de su privación de libertad, lapso que estuvieron detenidos bajo arraigo. El pasado viernes 26 de agosto del 2022 se sostuvo la audiencia pública, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre excepciones preliminares, eventuales fondos, así como reparaciones y costas en el caso García Rodríguez y otros vs. México. En los próximos meses se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sentencia y se reconozca la calidad de víctimas directas de Daniel García y Reyes Alpízar y de sus familiares como víctimas indirectas, que se les repare el daño de manera integral, pero sobre todo que sea un precedente para que el Estado adopte medidas y evitar se continúen realizando violaciones graves a los derechos humanos de los imputados con la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada.

En este orden de ideas, es importante resaltar que el 23 de agosto del 2022 el Ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto el cual establece la inaplicación del artículo 19 de la Constitución, en el párrafo que prevé la prisión preventiva oficiosa, como consecuencia de esa inaplicación del precepto constitucional, el proyecto también propone anular el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé un catálogo de alrededor de 45 modalidades de diversos delitos que amerita prisión preventiva oficiosa.

Uno de los argumentos del Ministro señala que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso. La Suprema Corte de Justicia discutirá el proyecto el día 5 de septiembre del año en curso, de ser aprobado con ocho votos, impedirá que esa medida cautelar impuesta de manera oficiosa en algunos delitos, se siga aplicando a los imputados en todo el país, por el contrario, la medida cautelar de prisión preventiva, así como todas las medidas cautelares, deberán ser justificadas por parte de la fiscalía, quien deberá probar que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, los testigos o la comunidad.

Esto representa un gran logro para el sistema penal acusatorio, el cual como ya mencionamos tiene como finalidad la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuosa de las garantías individuales, pero que además se rige bajo derechos y principios, siendo uno de estos la presunción de inocencia, es decir todas las personas tienen derecho a que se les presuma inocentes y a ser tratados como tal durante el desarrollo de todas y cada una de las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. El uso excesivo de la imposición oficiosa de la prisión preventiva, atenta de forma directa contra estos derechos, castiga de forma anticipada a los imputados, atentando no solo a su derecho a la libertad, si no también trasgrediendo otros derechos humanos fundamentales como derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, derecho a una vida digna, ya que las condiciones de carencia y deterioro de los sistemas penitenciaron en México es de todas y todos conocido, lo cual es completamente contrario a su objetivo final el cual es lograr la readaptación social mediante el trabajo, la educación y la capacitación.

Es importante enfatizar que la eliminación de la prisión preventiva no es sinónimo de impunidad, no busca la exposición a la corrupción por parte de los juzgados, ni mucho menos es un “pretexto para liberar a diestra y siniestra” [7] como erróneamente señala el gobierno federal, lo que se busca es un sistema más justo e igualitario para todas y todos, basado siempre en el respeto a los derechos humanos de las personas, porque ese debe ser siempre el objetivo y la obligación del Estado Mexicano.


Mtra. María Villegas Reyes

Abogada y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia delitos en particular, tanto en sistema escolarizado como sistema de educación a distancia. Conferencista nacional e internacional, en el interior de la república, Colombia, Perú, Costa Rica y Chile. Miembro del primer consejo judicial ciudadano, órgano constitucional autónoma de la ciudad de México, asesora en materia penal de miembros de cámara de diputados. Socia fundadora de la firma legal Marova, S.C. y discípula cercana por más de 10 años del Dr. Carlos Daza Gómez, laborando como abogada penalista en la firma Daza y asociados

Twitter: @mary_villegas13

Facebook: Maria Villegas

Instagram: Maria Villegas Reyes

Citas.
[1] La CIDH un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011), http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ PPL2011esp.pdf; Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas (2013), http://www.oas.org/ es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf; Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas (2017), http://www. oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf
[3] El uso de la palabra “Américas” en este informe incluye a Estados Unidos y a Canadá.
[4] Walmsley, R., World Pre-trial/Remand Imprisonment List. Third Edition (2017), 2, http://www.prisonstudies.org/ sites/default/files/resources/downloads/wptril_3rd_ edition.pdf
[5] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de f echa 23 de agosto de 2022.
[6] Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional
[7] Conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de fecha 23 de agosto de 2022.