Pese a orden del juez, la CEAV niega reparación de daño a víctimas del granadazo de 2008

La Querella

Pese a que hay una orden judicial que así se lo ordena, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se negó a iniciar el procedimiento para compensar el daño causado a dos personas que resultaron ser víctimas del atentado con granadas perpetrado en Morelia, Michoacán, en plenos festejos de la independencia, el 15 de septiembre de 2008.

¿La razón? Formalismos legales que no son responsabilidad de las víctimas, sino consecuencia, por un lado, de la propia incompetencia de las autoridades ministeriales que no han logrado detener y procesar a los responsables de dicho crimen para que se hagan cargo de reparar lo que causaron.

Y por el otro lado de la propia CEAV que se ha conformado con argumentar que la situación no cuadra con la literalidad de los requisitos redactados en un artículo de una ley, aunque para efectos prácticos, las personas afectadas sí se encuentran en la situación que establece la norma: que no hay quien repare el daño a las víctimas y, por lo tanto, que debe ser el Estado el que se haga cargo.

José García Guerrero y Aurora Bravo Lucas son dos de las personas afectadas y revictimizadas por esta situación. Al igual que decenas de afectados, su peregrinar comenzó en septiembre de 2008 cuando presuntos criminales detonaron artefactos explosivos en el zócalo de Morelia, en lo que las autoridades llegaron a considerar como un atentado del crimen organizado con tintes terroristas.

Como resultado de los ataques el señor García fue alcanzado por las detonaciones que le causaron lesiones graves en los huesos de una de sus piernas, salvando de milagro la vida, mientras que Aurora presenta afectaciones permanentes en un oído y lesiones por esquirlas de una de las granadas.

Semanas después del ataque las autoridades federales detuvieron y acusaron a cuatro personas de ser responsables del ataque: Julio Cesar N, Juan Carlos N, Alfredo N, y Jorge Eduardo N. Originalmente lograron que jueces federales los procesaran por cargos que iban desde el homicidio hasta la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, los procesos se fueron alargando sin que se pudiera completar el juicio.

El 27 de mayo de 2015 otro juez federal de amparo determinó absolver a los detenidos tras considerar que sus procesos estaban viciados de origen. Esto ya que la mayoría fueron torturados para autoincriminarse por los hechos ocurridos, y que el resto de las evidencias hacían imposible que se sostuviera el proceso.

La entonces PGR presentó las apelaciones correspondientes y el pleito legal se alargó hasta que, finalmente, el 14 de diciembre de 2018 un tribunal federal confirmó la absolución y liberación de los detenidos. La causa penal iniciada entonces por los ataques ocurridos en Morelia quedó suspendida sin que, hasta la fecha, haya mayor avance.

La revictimización oficial

En 2013 se creó la CEAV con la finalidad de ser el organismo destinado al apoyo integral de las víctimas de delitos federales y materializar para ellos todos los apoyos que contempla la Ley General de Víctimas. Una asistencia que, en el caso de las víctimas de los granadazos en Morelia, no ha llegado.

Como ocurre en muchos otros casos las víctimas tuvieron que recurrir a abogados que les ayudaran a litigar y gestionar sus apoyos ante la comisión mediante demandas judiciales en tribunales de amparo. Esto ante las resistencias o retrasos para, siquiera, inscribirlos en los registros victimales que es el primer paso para recibir los apoyos.

Tras una larga batalla judicial el 9 de marzo de 2020 el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco determinó que era procedente otorgar el amparo en favor de nueve personas, entre ellas Aurora y José, ante las omisiones injustificadas de la CEAV.

En su resolución, de la que este medio tiene copia, el juez ordena tanto inscribir a las personas en el Registro Nacional de Víctimas así como proceder con los trámites para los pagos compensatorios, como resultado de que las personas que estaban procesadas ya habían sido liberadas, lo que hace necesario la asistencia del Estado.

“Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones a derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, determinó el juez en su resolución.

Sin embargo, lo que vino luego fueron más retrasos y lentitud para cumplir con esta obligación en la CEAV, bajo argumentos como la suspensión de trámites y procedimientos derivados de la pandemia sanitaria.

Finalmente, el pasado 9 de noviembre de 2022 la CEAV notificó el poder judicial que había resuelto los dos primeros casos. Para sorpresa de las víctimas y sus abogados, la decisión del organismo fue no iniciar los procedimientos para los pagos compensatorios en favor de Aurora y José con el argumento de que “no se satisfacen” los extremos legales que requiere la normal.

El principal argumento esgrimido por la CEAV es que el artículo 67 fracción A de la Ley de Víctimas señala que el pago compensatorio de parte del Estado es procedente cuando hay una resolución judicial firme que establezca que los probables responsables se encuentran prófugos, que hayan muerto o estén desaparecidos, o que obtuvieron algún tipo de beneficio legal o criterio de oportunidad.

La comisión agregó que tampoco tiene registro de alguna resolución judicial que indique los montos a reparar ni una resolución que precise quienes son los responsables de estos hechos que tendrían que cubrir el daño.

Pero, como explica la abogada de las victimas, Reyna Velasco, se trata de escenarios que evidentemente no existen en este caso por la forma tan desaseada en como las autoridades investigaron los hechos, fabricando pruebas y perpetrando actos de tortura. En consecuencia, los que supuestamente cometieron los hechos tuvieron que ser liberados, y no hay otros en contra de los que se pueda seguir el proceso. Fallas que son ajenas a las víctimas y que, incluso, las revictimizan.

“Obviamente lo que vamos a hacer es recurrir esta resolución (promover un recurso en contra de ella) pero pues al final implica seguir transgrediendo los derechos de las víctimas, la revictimización. Han pasado 14 años de este sucedo, dos años desde que los reconocieron como víctimas e iniciaron el procedimiento, y sale la primera resolución afectando a las víctimas y desatendiendo el acuerdo del juez”, dijo la abogada.

Casi tres lustros de impunidad y abusos

El ataque con granadas perpetrado por integrantes del crimen organizado durante los festejos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, dejaron un saldo total de ocho personas muertas y más de cien heridos en distintos niveles. Se trata de uno de los hechos criminales más graves registrados en México en las últimas dos décadas, y en donde la agresión se dirigió a la población civil en general. Por eso fue considerado por las autoridades como un acto terrorista.

Pero, como ya se vio líneas arriba, pese a la gravedad el hecho permanece completamente impune. Todos los detenidos y procesados en su momento, a los que se relacionó con el grupo delictivo de “Los Zetas”, quedaron en libertad por los abusos perpetrados por las autoridades. Ni la PGR ni la actual Fiscalía General de la República han logrado corregir los fallos de la investigación ni dar con los responsables de los ataques.

La impunidad en este caso es completa, como han indicado los abogados de las víctimas, porque no se cumple ninguno de los extremos de lo que implica hacer justicia: no se ha conocido la verdad de los hechos, no hay sanción para los responsables, no hay reparación para las víctimas y tampoco hay garantías de no repetición.