No se entregará información al abogado Juan Collado de parte de la UIF: Juez

Por Araceli Olivares

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), obtuvo de un juez una suspensión que evita entregar información al abogado Juan Collado Mocelo.

La información es copia del acuerdo que emitió la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, donde estableció que no ejercería acción penal contra el litigante por el asunto de Caja Libertad.

Ahora, en acato a una resolución de un Tribunal Colegiado, Jorge Antonio Medina Gaona, juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías de la UIF y le concedió la medida cautelar, misma que solicitó para no dar la información.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dio un plazo de dos meses al abogado para recabar datos de prueba para su defensa en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se ordenó a la FGR que entregue como dato de prueba la copia de la carpeta de investigación FED/QRO/QRO/0000348/2020.

La UIF promovió un amparo para no entregar la documentación, pero Medina Gaona desechó la demanda.

Lo anterior, provocó que la UIF impugnara y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenara admitir a trámite el amparo, ya que considero que estos temas requieren de mayor reflexión, con base en los informes y elementos de prueba que aporten las partes, al tiempo en el que precisó que esta determinación no representa un obstáculo para que el juzgador de amparo pudiera decretar el sobreseimiento del juicio.

Juan Collado busca obtener este dato de prueba para demostrar que el titular de la Agencia Séptima Investigadora Querétaro de la FGR, Fernando Ramos López, dictó el no ejercicio de la acción penal a su favor, al considerar que la adquisición del edificio sede de Caja Libertad que se realizó en marzo de 2015 por 156 millones de pesos, fue legal y no simulada como imputa la oficina central de la FGR.