Ministro Pérez Dayán pide mantener al margen al Poder Judicial de la política; nadie por encima de la Constitución, dice

Por Araceli Olivares

Durante la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, se pronunció por alejar al Poder Judicial de la política.
El clara alusión al Ejecutivo, quien busca reformar al Poder Judicial, el ministro, en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, dijo que los administradores de justicia no deben representar la opinión pública.

Por ello también se pronunció porque éstos no sean electos vía voto popular.
“El magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, enfatizó

Al enfatizar la independencia que debe de prevalecer en las decisiones de los juzgadores, enfatizó que éstas no deben de ser posturas que apruebe o no el electorado.
Su labor es diferente al representante político, puntualizó.

“Él (juez) tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores (…). La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político (…) Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”, dijo el ministro.

Pérez Dayan añadió en el evento, en el que no acudió ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ni el titular del Ejecutivo ,quien la tarde de este lunes daría a conocer sus 16 iniciativas de reforma a la Constitución, señaló que precisamente la carta Magna es la que da atributos al máximo tribunal para invalidar leyes.

Pérez Dayán dejó en claro que es la Constitución la que dio a la SCJN la facultad para invalidar leyes, “independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa”.

El ministro recordó las palabras de Paulino Machorro y Narváez, diputado del Congreso Constituyente, quien afirmó que: “el magistrado no es igual al diputado o al senador: el
magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la
opinión pública; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo
propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos
requisitos indispensables para llenar una función social; él tiene que obrar en su función precisa,
obrar quizá hasta contra la opinión de los electores (…) La esencia misma de la magistratura es
muy distinta de la función social que ejerce el representante político… Hay que alejar al Poder
Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”.

Para el también presidente de la Segunda Sala de La Corte, en el ámbito de la Judicatura, la
Constitución Federal preserva la esencia del Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814,
que definió a la ley como la expresión de la voluntad general, en orden a la felicidad común y
que, destacadamente, contenía preceptos que enaltecían la responsabilidad de la función
judicial, al disponer que los integrantes del Supremo Tribunal requerían de “buena reputación,
patriotismo acreditado con servicios positivos, y luces no vulgares para desempeñar las
augustas funciones de este empleo».