La Querella
Ayer, al salir de una audiencia que finalmente se pospuso, el abogado defensor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se mostró confiado en que su cliente abandonará la cárcel. Con seguridad en su voz, dijo que en los próximos días se citará a una audiencia en la que se firmará el “criterio de oportunidad” con la FGR, que le permitirá a su cliente obtener inmunidad procesal a cambio de volverse un testigo colaborador.
En su declaración ante la prensa, el defensor Miguel Ontiveros Alonso subrayó que Lozoya ha señalado con claridad al expresidente Enrique Peña Nieto de organizar una red de corrupción que sobornó “con maletas repletas de dinero” a legisladores, y que hay pruebas que corroboran sus dichos, entre ellas varios testigos.
Sin embargo, una revisión hecha por La Querella Digital sobre las investigaciones que la Fiscalía ha iniciado a partir de la denuncia de Lozoya arroja que, hasta la fecha, no se ha enjuiciado ni condenado a ninguna de las personas denunciadas por el exdirector de Pemex. De hecho, actualmente no hay personas detenidas por esos casos.
La razón, de acuerdo con funcionarios federales consultados, es que no se ha conseguido reunir evidencia suficiente para procesar al expresidente y a la mayoría de los señalados por Lozoya. De lo que sí hay pruebas contundentes, en cambio, es de que fue el exdirector de Pemex el principal beneficiario de los sobornos de la constructora Odebrecht.
En las próximas dos semanas la jueza federal, Verónica Gutiérrez Fuentes, tomará una determinación en torno a la situación del exdirector de Pemex.
Lo que dice Lozoya que pasó
En su denuncia original presentada el 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya confesó que entre 2012 y 2013 recibió dinero de Odebrecht; pero dijo que lo hizo siguiendo siempre las instrucciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Agregó que los recursos tuvieran diversas finalidades siendo las principales: financiar gastos de la campaña presidencial de Peña Nieto, y sobornar a legisladores del PAN y el PRI para acelerar la aprobación de la reforma energética. Señaló en concreto a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y David Penchyna de haber recibido maletas con dinero cuando se desempeñaban como legisladores federales.
En tres declaraciones posteriores rendidas entre 2021 y 2022 Lozoya dio más datos en torno a la forma en cómo se entregaron los recursos. Por ejemplo, proporcionó una copia de un video donde se ve a funcionarios de Pemex entregando una maleta con billetes a personal de Lavalle. También dio referencias a los días en que, supuestamente, se entregaron recursos a Ricardo Anaya en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
También fue explicando, aunque con matices, la forma en como el dinero de Odebrecht se volvió en efectivo para “sobornar” a los legisladores. Dijo que hubo una contratista de Hidalgo asociada con Odebrecht, Fabiola Tapia, quien fungió como intermediaria y puso de su bolsa los recursos que luego, supuestamente, le pagó la constructora brasileña.
Y finalmente ofreció a una serie de testigos que según Lozoya corroborarían sus dichos, entre ellos a Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, quienes fueron los exfuncionarios de Pemex enviados por él para hacer las entregas. A su vez se ofreció como testigo a otra persona, ex colaboradora de Lavalle, quien fue quien recibió dichos recursos.
“Un testigo que recibió el dinero ya ha complementado la información. Han habido diversas ratificaciones no de uno sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero y esperemos que muy pronto estén frente a los tribunales (…) Por eso estoy convencido que Lozoya no irá a juicio, quien irán a juicio fueron los que sometieron los recursos naturales del Estado Mexicano a intereses extranjeros, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y su gabinete”, declaró ayer el abogado defensor de Emilio Lozoya.
Lo que se ha podido probar
A partir de la denuncia presentada por Lozoya la FGR inició la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020 con la finalidad de indagar y, en su caso, procesar a los exfuncionarios coludidos en el entramado de corrupción y sobornos. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han podido sacar adelante ningún juicio.
De todas las personas señaladas por Lozoya el único al que se le ha abierto un proceso penal es el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury quien, luego de acudir voluntariamente a una audiencia inicial, fue sometido a prisión preventiva justificada. Sin embargo, en septiembre pasado el legislador logró que se modificara dicha medida y recobró su libertad.
De acuerdo con fuentes que conocen el caso y que pidieron reserva con su identidad, el reto para la Fiscalía ha sido tratar de solventar contradicciones y huecos en la historia que Lozoya presentó. Por ejemplo, no se ha logrado corroborar con otros documentos que efectivamente se entregó dinero a Anaya en un estacionamiento de San Lázaro. Esto es relevante dado que el panista niega que esto haya ocurrido y dice tener informes que evidencian que no estaba en dicho recinto en la fecha que Lozoya señaló.
Pero más relevante es que dos de las personas que ofreció Lozoya para que confirmaran su historia, los exfuncionarios de Pemex Olascoaga Rodríguez y Arteaga Santoyo, se negaron a testificar ante el Ministerio Público. Con quienes sí hablaron fue con los abogados defensores de Lavalle, a quien le ratificaron que desconocían entramado algunos para sobornar legisladores. Dichas entrevistas fueron recabadas oficialmente y presentadas como pruebas.
En una audiencia celebrada en 2021 los fiscales de la FGR reconocieron que dichos exfuncionarios no habían corroborado la historia, aunque acusaron que fueron blanco de supuestas intimidaciones.
Otro cabo suelto en la investigación es lo relacionado con Fabiola Tapia, la mujer que según Lozoya fue intermediaria en la entrega del dinero. La historia no puede ser ratificada o negada por dicha empresaria, pues falleció desde hace varios años. La FGR tampoco ha presentado documentación bancaria que pruebe su involucramiento. De hecho, ha sido la defensa de Lavalle quien ha insistido en que se presenten sus estados financieros para evidenciar que estos movimientos no ocurrieron.
Cuando Lavalle fue vinculado a proceso en mayo de 2021, los fiscales lo acusaron ante el juez de formar parte de una asociación delictiva liderada por Peña Nieto y Videgaray. El juzgador validó la posibilidad de que esa red criminal existiera, sin embargo, hasta ahora los fiscales no han procedido en contra de ningún otro de sus integrantes. Los funcionarios consultados indicaron que esto obedece a que siguen integrándose los expedientes faltantes.
En 2021 la FGR logró que un juez citara a comparecer a una audiencia a Ricardo Anaya para tratar de formularle una imputación por este mismo caso. Sin embargo, el panista no se presentó argumentando que se trataba de una persecución política en su contra, construida sobre “las mentiras” de Lozoya. Aunque en el papel al FGR podría solicitar una orden de aprehensión en su contra, esto tampoco ha ocurrido.
Un año antes, en 2020, los fiscales intentaron que otro juez girara una orden de arresto en contra del exsecretario de Hacienda. Luis Videgaray, por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y traición a la patria. Pero el juez que revisó la petición consideró que los elementos eran insuficientes.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con el artículo 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un criterio de oportunidad como el que busca Emilio Lozoya es procedente cuando el imputado aporta “información esencial y eficaz para la imputación más grave del que se le imputa”. Y esto siempre que, previamente, haya cubierto la reparación del daño.
Desde el punto de vista de la defensa de Lozoya esta situación se cumple dado que el exdirector de Pemex ha denunciado un importante entramado de corrupción del que él solo era una parte, y que estaba encabezada por funcionarios de mayor jerarquía. Por ello han sostenido que en cuanto se acuerde la reparación del daño, lo que según ellos ocurrirá en los próximos días, dicho beneficio le será concedido a su cliente.
Por el contrario, los abogados de las personas denunciadas y diversos especialistas sostienen que el exdirector de Pemex no debe recibir dichos beneficios, pues su denuncia no ha derivado en procesos penales significativos, y que la única línea de investigación sólida – esgrimida por la propia FGR en una acusación – es que fue Lozoya quien se enriqueció ilícitamente con el dinero de Odebrecht.
Hasta ahora la posición de la Fiscalía ha sido la de mantenerse a la expectativa de la posición que adopten las víctimas, en este caso Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes han mantenido abiertas las negociaciones con el exfuncionario.