Las determinaciones presuntivas y su aplicación en la materia penal

Andrés Peralta Vargas

En el derecho tributario mexicano, existe la figura de “determinaciones presuntivas”, que son una herramienta de la autoridad hacendaria que puede utilizar cuando por alguna razón no puede acceder a la información necesaria para cuantificar contribuciones o cuando haya detectado posibles irregularidades, alteraciones o incumplimiento por parte de los contribuyentes.

En esta ocasión, particularmente haremos referencia a la fracción III del artículo 59, del Código Fiscal de la Federación, mismo que señala que los depósitos en la cuenta bancaria de un contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad (cuando esté obligado a llevarla), serán considerados como ingresos y valor de actos o actividades, por los que se deben pagar contribuciones, en esencia: depósitos bancarios no contabilizados.

Ahora, ¿Qué entendemos por ingresos y valor de actos o actividades?  Es cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona, mismo que puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas.

Cabe mencionar que la constitucionalidad del artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, ya fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2814/2015, en el que se resolvió que estas “determinaciones presuntivas”, efectivamente sí operan cuando un contribuyente tiene depósitos en su cuenta bancaria y los mismos no estén debidamente registrados en su contabilidad, además que si bien dicha presunción de ingresos fue esencialmente creada para efectos fiscales, lo cierto es que las personas juzgadoras del ámbito penal, pueden apoyarse en las mismas para tener por acreditado algún elemento objetivo o normativo del tipo penal defraudación fiscal equiparada.

También, pues su uso en lo criminal, no viola el derecho fundamental de presunción de inocencia, en su vertiente de regla de tratamiento, pues admite pruebas en contrario para demostrar el origen de dichos depósitos, tal y como ha quedado plasmado en diversos criterios jurisprudenciales, mismos que podemos encontrar bajo los registros digitales: 2011373, 2011374 y 2011375; por tanto, se brinda la oportunidad al contribuyente de demostrar el origen y naturaleza de dichos depósitos bancarios y con ello evitar la responsabilidad penal que se les pudiese atribuir.