 de las resoluciones que emiten, lo que facilita la toma de decisiones al margen de la Ley, los arreglos, las “líneas” de los superiores, o simplemente la toma de decisiones por cuestiones políticas o por temor al escarnio público en asuntos “delicados” o controvertidos, aun cuando tengan que dejar en prisión a un inocente por temor al escarnio de la prensa o de la Sociedad.Es decir, la falta de transparencia y publicidad de las sentencias de los juzgadores, evita que los ciudadanos conozcan la forma en que resuelven, y facilita que se imparta “Justicia” al margen o fuera de la Ley, basándose en cuestiones o factores que nada tienen que ver con el Estado de Derecho.El Poder Judicial, como tercer órgano de poder responsable de la impartición de justicia, debería ser ejemplo de pulcritud y transparencia, maximizando el conocimiento de sus decisiones y de la forma en cómo aplican las leyes y el Derecho. Hasta hace poco, Baja California Sur seguía siendo uno de los Estados del País que carecía de una regulación para transparentar las sentencias de sus jueces y magistrados. Se mantenían en hermetismo, solo las partes del caso las conocían y se imponían limitaciones en su divulgación, lo cual sigue sucediendo con las audiencias del sistema penal acusatorio.No obstante, después de ciertas gestiones del foro litigante de la localidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emitió cierta regulación para implementar un sistema de publicidad y transparencia de las sentencias que emiten los jueces y magistrados del Estado. Lo cual, sin duda, va a contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en la medida en que el foro de abogados y los ciudadanos conocerán la forma en que resuelven los jueces del Estado de Baja California Sur, y si es que lo hacen apegados a lo que disponen la Constitución, las Leyes y la Jurisprudencia, o si es que resuelven los casos e imparten justicias motivados por presiones, líneas, o por el escarnio de grupos sociales o activistas, en perjuicio de algún inocente, tan solo para no ser cuestionados y cuidar la silla y el mallete.Debemos estar atentos al actuar de las autoridades, esperemos que se cumpla con el sistema de transparencia de las sentencias y por fin terminen prácticas como la de que “En época electoral a nadie se le niegan 10 ó 15 años de cárcel” por temor de los jueces y magistrados del impacto en el electorado al conocerse el sentido de una sentencia absolutoria, aun cuando no existan pruebas de culpabilidad de la persona procesada. Otra práctica bien sabida en el foro, relacionada con delitos de índole sexual o de alto impacto, en la que los jueces y magistrados se ven intimidados por ciertos grupos de activistas, y prefieren dejar privado de su libertad a una persona, aun ante la falta de pruebas, por temores de ser señalados o aparecer en los periódicos o que se les inicien investigaciones que pudieran evidenciar cuestiones ilegales en su actuar que han ocultado durante tiempo. La Población debe exigir Transparencia y Publicidad, las decisiones y los contenidos de las sentencias deben ser sometidos al escrutinio de la Ciudadanía, mediante un formato público que cuide y proteja la información personal y sensible de las partes. En la medida que se genere transparencia y publicidad, se contribuye a disminuir la corrupción, y se vislumbra otra realidad en donde es posible acceder a una verdadera justicia para todos.La ciudadanía debe involucrarse, y demandar a los jueces y magistrados que realmente cumplan con el mandato y su protesta Constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, que sean objetivos, independientes, e imparciales, que impartan justicia y apliquen las leyes sin preferencias ni distinciones. La justicia es posible, pero para ello debemos desterrar la corrupción, la opacidad, educar a la ciudadanía en la demanda de sus derechos, que los exijan y que los hagan valer; siendo de suma importancia la participación ciudadana, pero de una ciudadanía activa,, que observe, cuestione, exija y demande a sus jueces cuando actúen al margen de lo mínimo que esperamos de ellos. Abogado postulante en materia Penal.Maestrante en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España.Maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de BCS, México.Diplomado en Litigación Oral por la Universidad de Salamanca, España.https://www.facebook.com/ljdelagarza){kind=link}
Por: Leonardo de la Garza
Desafortunadamente México tiene una alta percepción en el índice global de corrupción, y lamentablemente no solo es una percepción, si no que realmente, directa o indirectamente todos alguna vez hemos incurrido en alguna mala práctica, tal vez no tan grave como evitar hacer una fila para acceder a algún servicio, o un poco más grave, como solicitar el apoyo de alguien para acceder a algún puesto sin contar con los méritos, etcétera. Esto es común en México, en todos los ámbitos, niveles y clases sociales, y; por supuesto, los ámbitos de Procuración e Impartición de Justicia no están exentos, y muestra de ello son las recientes declaraciones del Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en fecha 07 de julio del 2021 reconoció públicamente lo siguiente:
“Quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un tribunal o miente descaradamente; tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar es entender los problemas que tenemos.”
Y, si a esto, agregamos la poca o nula transparencia que existe en las actuaciones de nuestras autoridades, particularmente en los Poderes Judiciales de los Estados, en cuanto a las sentencias que emiten sus jueces y magistrados, ya que en su mayoría no se transparentan las versiones públicas (son supresión de datos personales o sensibles) de las resoluciones que emiten, lo que facilita la toma de decisiones al margen de la Ley, los arreglos, las “líneas” de los superiores, o simplemente la toma de decisiones por cuestiones políticas o por temor al escarnio público en asuntos “delicados” o controvertidos, aun cuando tengan que dejar en prisión a un inocente por temor al escarnio de la prensa o de la Sociedad.
Es decir, la falta de transparencia y publicidad de las sentencias de los juzgadores, evita que los ciudadanos conozcan la forma en que resuelven, y facilita que se imparta “Justicia” al margen o fuera de la Ley, basándose en cuestiones o factores que nada tienen que ver con el Estado de Derecho.
El Poder Judicial, como tercer órgano de poder responsable de la impartición de justicia, debería ser ejemplo de pulcritud y transparencia, maximizando el conocimiento de sus decisiones y de la forma en cómo aplican las leyes y el Derecho.
Hasta hace poco, Baja California Sur seguía siendo uno de los Estados del País que carecía de una regulación para transparentar las sentencias de sus jueces y magistrados. Se mantenían en hermetismo, solo las partes del caso las conocían y se imponían limitaciones en su divulgación, lo cual sigue sucediendo con las audiencias del sistema penal acusatorio.
No obstante, después de ciertas gestiones del foro litigante de la localidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emitió cierta regulación para implementar un sistema de publicidad y transparencia de las sentencias que emiten los jueces y magistrados del Estado. Lo cual, sin duda, va a contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en la medida en que el foro de abogados y los ciudadanos conocerán la forma en que resuelven los jueces del Estado de Baja California Sur, y si es que lo hacen apegados a lo que disponen la Constitución, las Leyes y la Jurisprudencia, o si es que resuelven los casos e imparten justicias motivados por presiones, líneas, o por el escarnio de grupos sociales o activistas, en perjuicio de algún inocente, tan solo para no ser cuestionados y cuidar la silla y el mallete.
Debemos estar atentos al actuar de las autoridades, esperemos que se cumpla con el sistema de transparencia de las sentencias y por fin terminen prácticas como la de que “En época electoral a nadie se le niegan 10 ó 15 años de cárcel” por temor de los jueces y magistrados del impacto en el electorado al conocerse el sentido de una sentencia absolutoria, aun cuando no existan pruebas de culpabilidad de la persona procesada.
Otra práctica bien sabida en el foro, relacionada con delitos de índole sexual o de alto impacto, en la que los jueces y magistrados se ven intimidados por ciertos grupos de activistas, y prefieren dejar privado de su libertad a una persona, aun ante la falta de pruebas, por temores de ser señalados o aparecer en los periódicos o que se les inicien investigaciones que pudieran evidenciar cuestiones ilegales en su actuar que han ocultado durante tiempo.
La Población debe exigir Transparencia y Publicidad, las decisiones y los contenidos de las sentencias deben ser sometidos al escrutinio de la Ciudadanía, mediante un formato público que cuide y proteja la información personal y sensible de las partes. En la medida que se genere transparencia y publicidad, se contribuye a disminuir la corrupción, y se vislumbra otra realidad en donde es posible acceder a una verdadera justicia para todos.
La ciudadanía debe involucrarse, y demandar a los jueces y magistrados que realmente cumplan con el mandato y su protesta Constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, que sean objetivos, independientes, e imparciales, que impartan justicia y apliquen las leyes sin preferencias ni distinciones.
La justicia es posible, pero para ello debemos desterrar la corrupción, la opacidad, educar a la ciudadanía en la demanda de sus derechos, que los exijan y que los hagan valer; siendo de suma importancia la participación ciudadana, pero de una ciudadanía activa,, que observe, cuestione, exija y demande a sus jueces cuando actúen al margen de lo mínimo que esperamos de ellos.
Abogado postulante en materia Penal.
Maestrante en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España.
Maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de BCS, México.
Diplomado en Litigación Oral por la Universidad de Salamanca, España.