Por Alfredo Ornelas
La desigualdad, tanto social, política, o económica, va marcando a la sociedad, lo cual crea una marcada franja divisoria entre los diferentes grupos sociales que integran y componen a una nación, ello impide su franco desarrollo social y económico. El impacto de la desigualdad se deja sentir tanto en el nivel nacional como en el nivel personal. El fracaso de una adecuada política criminal, como parte de la estrategia de desarrollo de un proyecto político y de gobierno, arroja graves consecuencias sociales que impacta directamente al desarrollo social de una nación.
La instrumentación de una adecuada política criminal establece que el Gobierno debe establecer las estrategias preventivas del delito a través de gestionar el bien común; en primer lugar, el establecimiento y desarrollo de una adecuada política social, que resuelvan satisfactoriamente las brechas de desigualdad económica y social, existentes en nuestra sociedad. De esta forma, garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes de una nación.
Sin embargo, es evidente la violencia estructural que genera la indolencia de nuestros gobernantes por gestionar adecuadamente a los individuos, bienes, riquezas, recursos, etc. y que poco hacen por satisfacer las necesidades sociales mínimas, y cubrir convenientemente las necesidades básicas de la población, lo cual causa manifestaciones de violencia directa y cultural más frecuentes entre los ciudadanos.
De esta forma, la cada vez mayor marginación de personas en cinturones de miseria en las ciudades, va creando condiciones propicias para que surjan actividades delincuenciales que van a impactar en el resto de la sociedad, creando la sensación de una mayor inseguridad y mayor riesgo para la integridad de las personas y de las instituciones, ya sean públicas o privadas.
Este panorama crea a su vez, la opinión generalizada de crear leyes más duras, sobre todo penales, e incrementar la capacidad punitiva del estado, construyendo más prisiones e invirtiendo más recursos económicos en grupos policiacos, y sistemas de seguridad del tipo situacional, asumiendo la idea errónea, de que se debe inspirar miedo en la población para crear un estado cohesionado y compacto, y así, poder ejercer un mejor gobierno.
Se debe Gobernar utilizando estrategias políticas para disponer correctamente de los recursos con los que se cuentan, siempre aplicarlos al beneficio social, No imponer leyes, La ley no es el instrumento central para gobernar, no se debe abusar de ella. Todo gobernante no debe emplear el castigo para gobernar, el uso de la fuerza no debe ser lo primordial en sus políticas; por el contrario, debe saber cómo alcanzar sus objetivos de manera juiciosa y actuando al servicio de su población.
POLÍTICA CRIMINAL, LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
En la actualidad, todavía no existe una opinión generalizada de quién fue quien acuño el término Política Criminal, sin embargo, todos están de acuerdo que Cesare Beccaria, en su “Tratado de los Delitos y de las penas” (1764), es quién por primera vez aborda el tema del Delito y del Delincuente, como entes diferentes, pero que sin embargo, permanecen estrechamente ligados; el segundo, como productor del ente jurídico designado por el Derecho Penal, el Delito.
El Tratado establece de manera sencilla, las estrategias a considerar e implementar para delimitar las dos entidades en cuestión, consideración ésta que, hasta antes de su tratado, variaba en su concepción de acuerdo a cada legislación vigente. También establece los mecanismos legales que debe instrumentar el Estado para un adecuado tratamiento y una justa retribución respecto del acto cometido.
Casi cien años después (1889), Franz Von Lizt, Van Hamel y Adolfo Prins fundan la «Unión Internacional de Derecho Penal», y con ello, la «Escuela de Política Criminal» o «Escuela Pragmática, Sociológica y Biosociológica», se inicia así, la Política criminal Sistemática o Científica.
Al igual que Beccaria, Von Liszt refirió el alcance de la Política Criminal a la apreciación crítica del derecho vigente, a la programación legislativa y a la programación de la política social.
Von Lizt dejó establecido que la Política Social debe ser la primera estrategia a instrumentar para una adecuada Política Criminal, así, mediante una adecuada política social, se reducirán o, en el mejor de los casos, se eliminarán los factores de riesgo que producen la criminalidad, para ello, el Estado deberá realizar una adecuada programación de la acción social, garantizando así, una justa y adecuada distribución de la riqueza y proveer a los gobernados, la satisfacción de todas sus necesidades básicas.
“El gobierno debe obrar de tal modo que se produzca la mayor cantidad de riquezas posible, que se le proporcione a la gente medios suficientes de subsistencia, incluso la mayor cantidad posible; deberá procurar que la población pueda multiplicarse”. (Foucault, 1991).
El principal objeto de la Política Criminal es la prevención y lucha contra el delito, sin quedar restringida al Derecho Penal y al área judicial, sino que debe extenderse a los medios preventivos y represivos del Estado, Policía, ejército y la prisión, los cuáles sólo habrán de instrumentarse en casos extremos y cuando ya se hubieran agotado las estrategias anteriores representadas por la Política Social.
Franz Von Liszt refirió además, el alcance de la Política Criminal a la permanente apreciación crítica del derecho vigente, a una correcta programación legislativa y a la adecuada programación de la política social.
GOBERNAR A TRAVÉS DEL DELITO
Contrario a lo que se sugiere, la Ley no debe ser el principal instrumento de Gobierno, menos el Derecho Penal. La fuerza y el castigo no deben ser los instrumentos principales a utilizar por el Estado para mantener la gobernabilidad, estas estrategias son propias de un estado totalitario, cualquier poder debe ser limitado por la ley, inclusive el poder del Estado, y ésta debe condicionar, no solo sus formas sino también sus contenidos.
El Delito, producido por aquellos a quienes el Derecho Penal ha adjetivado como delincuentes, ha rebasado los medios conceptuales debido a los cada vez más altos índices de crueldad o sofistificación con los cuales se cometen los delitos, lo cuál da la pauta para que exista una redefinición conceptual y de manera perversa se propongan nuevas y más severas medidas represivas por el Estado para “garantizar una mejor gobernabilidad” y un mayor y más estricto control social.
Sin embargo, el Estado no reconoce su fracaso respecto al establecimiento de una adecuada política Criminal, y de manera perversa, justifica el recrudecimiento de la estrategia de Gobierno, sustentada en el miedo o el terror a las nuevas medidas represivas.
La utilización de manera recurrente, de leyes más severas para ejercer el Gobierno, mina cada vez más al Estado Democrático y lo conduce a un Estado Totalitario.
“Con la creación de nuevos delitos y la tendencia a la imposición de penas efectivas cada vez más largas, los procesos penales y la población penitenciaria se incrementarán.” (Augusto Renzo Espinoza Bonifaz, 2018).
La crisis de Gobierno se justifica mediante la utilización de los medios de control informal que utiliza el Estado para sus fines, así, los medios de comunicación exhiben y magnifican las acciones delincuenciales que servirán de sustento para el establecimiento de nuevas medidas punitivas, que van encaminadas a crear terror entre la población no delincuencial, y justifican su inoperancia para crear condiciones más justas de convivencia.
También se crea la ilusión de que creando medidas más extremas de represión, habrá una reducción de las actividades delincuenciales, se sugiere que con el rediseño de nuevos delitos, el aumento de penas y la creación de mayores controles punitivos a través de la prisión, se mitigarán las acciones delincuenciales; lo cual crea además división social, estigmatizando y etiquetando a una gran parte de la población, y creando confrontación, hacia otra parte de la población, que en la práctica comete otro tipo de delitos de mayor impacto, pero que, sin embargo, goza de cierto reconocimiento público.
Es necesario partir de un adecuado diagnóstico social, y crear condiciones sociales aptas para una adecuada convivencia y desarrollo, establecer estrategias de acceso a todos los bienes necesarios para un adecuado crecimiento, únicamente se puede saber cuál es la solución a un problema si se saben sus características, dimensiones, elementos.
Contra el recrudecimiento de los sistemas punitivos y estricto control social formal a través del Derecho Penal y punitivo, se debe establecer una estrategia económica que reduzca la inequidad y la imposibilidad de que una gran parte de la población recurra a otras estrategias, para acceder a todos los bienes que le debe suministrar el Estado, y brindarle mejores condiciones de vida.
Según el Índice de avance contra la desigualdad – publicado por la Organización No Gubernamental OXFAM Internacional (2020), el avance contra la desigualdad se ha detenido. Si no actuamos hoy, podríamos perder dos décadas de desarrollo y combate contra la pobreza. Para actuar eficazmente debemos comprender que ninguna crisis es natural. Todo lo contrario, las crisis solo existen cuando nuestras sociedades no están preparadas ante una emergencia y, en México, décadas de abandono del sistema de salud, altos niveles de pobreza y persistencia de la desigualdad han convertido a la emergencia del COVID-19 en tres crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra social.
1. Nuestro sistema de salud no cuenta con equipamiento, el personal y la infraestructura necesarias para atender todos los contagios que podría generarla pandemia. Si los hospitales se ven rebasados, muchas personas no recibirán tratamiento y podrían fallecer. Esta es la crisis sanitaria y su origen es el abandono del sistema público de salud.
2. El mayor riesgo económico es que las personas pierden sus fuentes de ingreso de forma permanente y entran en espirales de pobreza debido al impago de deudas, gastos catastróficos o problemas de salud. Económicamente, lo más importante es que las personas mantengan su empleo con un salario digno para sobrellevar las cuarentenas. Tenemos una crisis económica debido a décadas de precarización del trabajo y la falta de empleos con seguridad social. No serían necesarias medidas extraordinarias si nuestro país contara con un sistema de seguridad social universal.
3. Los efectos negativos de la emergencia impactan más a los grupos y personas sistemáticamente excluidas. Migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGBTQIA, personas con discapacidad, o con empleos precarios, mujeres que viven violencia de género… estos grupos enfrentan situaciones extraordinarias que requieren atención particular. La crisis más invisible es la crisis social y su origen es el racismo, clasismo, homofobia, machismo, xenofobia y, en general, la ausencia de una sociedad y un Estado verdaderamente igualitarios, en leyes y hechos.
Es importante comprender que aún si la pandemia pasa, las crisis podrían continuar.
La inequidad deriva en una mayor tasa de delitos, personas con bajos incentivos están cada vez más dispuestas para realizar actividades ilícitas (por ser muy baja la remuneración por actividades laborales), a diferencia de otra parte de la sociedad, que exhiben bienes costosos, y que sin embargo, también han sido obtenidos por prácticas ilegales o de corrupción.
La estrategia de Gobierno, no debe ser la creación de nuevos tipos penales o de estrategias más duras de represión, sino que debe estar sustentadas en una mejor distribución de la riqueza y el establecimiento de mayores posibilidades de acceso a mejores niveles de vida y acceso a mejores bienes.
Caso contrario, se estarán creando condiciones de delincuencialización que abarcará a mayores sectores de la población, lo cual puede traer como consecuencia, la construcción de nuevas prisiones ante el incremento de los índices delincuenciales y un control más severo de la sociedad.
Gobernar a través de la administración del delito, si bien, crea mayores controles sociales, crea el riesgo de radicalizar la estrategia gubernamental, creando mayores grupos de resistencia y la posibilidad de un estallamiento social, generando situaciones de inestabilidad social y política, y radicalizando las posturas sociales.
Especialista en Derecho Penal y Control Social
@hechoencanada