Por Salvador Mejía
La cifra mágica de los 30 millones de votos nos garantizó la estabilidad política que tanto necesita una democracia, efectivamente nadie soltó al dichoso tigre y nadie tuvo que capturar al tigre; pero por otro lado esos votos no garantizaban que las promesas de campaña se tradujeran en políticas públicas efectivas. El entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, como cualquier otro, no se cansó de prometerle al electorado futuras acciones de gobierno que lucían irreales pero el electorado, como cualquier otro, sucumbió ante la posibilidad de que con un chasquido de dedos desaparecerían flagelos como la delincuencia y la corrupción.
Ya como presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo una y otra vez que la corrupción había terminado pero la realidad nos mostró que lo único que teníamos era un discurso junto con una serie de medidas absurdas que terminaron por desmantelar numerosos programas sociales e incluso áreas encargadas de prevenir y combatir justamente a la corrupción.
Todos sabemos que el discurso anticorrupción del presidente, el pilar de su campaña y de sus conferencias mañaneras, se encuentra severamente cuestionado por los sucesos que hemos atestiguado durante su todavía joven mandato. Los casos de no pocos de sus colaboradores, la liberación de Ovidio Guzmán López o el escándalo por la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el rumbo que está tomando el caso contra Emilio Lozoya impiden que creamos ciegamente en su palabra.
Sin embargo hoy el presidente tiene un análisis de la situación que vive el país redactada por alguien con quien no le conviene disentir, el gobierno de los Estados Unidos, y es un análisis que obliga a hablar, no sobre la fortaleza, sino sobre la debilidad del discurso anticorrupción del presidente.
El 9 de septiembre, el Departamento de Estado liberó su reporte “Declaraciones sobre el clima de inversión en 2020” (2020 Investment Climate Statements)
Este reporte está dirigido a los empresarios estadounidenses que buscan invertir en el extranjero. Imaginemos que la Directora de Finanzas de una empresa en Delaware está analizando un trato comercial con una empresa mexicana al amparo del T-MEC y quien sabe que deberá dar cumplimiento al apartado anticorrupción del tratado (Capítulo 27) pero no tiene claro que es lo que ocurre en México; lo único que debe hacer es revisar este reporte.
Los temas incluidos son la apertura a la inversión, los sistemas jurídicos y reglamentarios, la solución de controversias, los derechos de propiedad intelectual, la transparencia, los requisitos de desempeño, las empresas estatales, la conducta empresarial responsable y, por su puesto, lo referente a la corrupción.
En el apartado 9 se señala que la corrupción en México existe de muchas formas en el gobierno y en la sociedad mexicanos, incluida la corrupción en el sector público poniendo como ejemplo la demanda de sobornos o comisiones clandestinas por parte de funcionarios, y en el sector privado pone como ejemplo, el fraude, la falsificación de declaraciones así como los problemas de conflicto de intereses, que no están bien definidos en el marco jurídico mexicano.
El reporte dice que la complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una preocupación importante. La colaboración de los agentes gubernamentales con las organizaciones delictivas (a menudo debido a la intimidación y las amenazas) plantea graves problemas para el estado de derecho. Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial se refieren a funcionarios gubernamentales que roban de las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Todo esto ya dentro del campo de responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Departamento de Estado señala que si bien el actual gobierno apoyó las reformas anticorrupción y los procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, la sociedad civil afirma que el gobierno debe adoptar medidas más eficaces y frecuentes para hacer frente a la corrupción; es decir el discurso anticorrupción del presidente no necesariamente cumple con lo prometido desde el primer día de su gobierno, su erradicación.
De igual forma el documento plantea que la sociedad civil, los representantes empresariales (incluidos los de empresas estadounidenses) creen que los fondos públicos se desvían a menudo a empresas privadas y a particulares debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está muy extendido entre los funcionarios de contratación pública. También afirma que el cumplimiento de las regulaciones de adquisiciones por parte de los organismos estatales en México no es confiable y que la corrupción es extensa, a pesar de las leyes que cubren los conflictos de intereses, las licitaciones competitivas y los procedimientos de listas negras de empresas.
Dato curioso, el Departamento de Estado sugiere a los ciudadanos norteamericanos que en el caso de tener que denunciar un acto de corrupción en México pueden recurrir ante dos instancias, la primera de ellas es la Secretaría de la Función Pública y la segunda, alguna organización no gubernamental, Transparencia Mexicana (o un “watchdog»).
Habrá que ver si para el análisis del 2021 la situación no se complica cuando se deban incluir los señalamientos de corrupción que se gestan al interior de la presente administración, los cuales hasta hoy ha logrado mantener a raya gracias a la debilidad de la oposición. Sería bueno que el presidente no olvide que la Real Academia de España define a la corrupción como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y que esto debe empatarse con su famosa concepción de la lucha contra la corrupción: “Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo”
Mientras tanto el golpe dado por el presidente de los Estados Unidos el 3 de junio con la firma de un memorándum de seguridad nacional mediante el cual se establece que el combate a la corrupción es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos y, por lo tanto, se mantendrá e intensificará el apoyo (económico) a organizaciones civiles que investiguen casos de corrupción en el extranjero puede considerarse como un adelanto de lo que puede venir no para México sino para el gobierno de México y para el discurso anticorrupción del presidente rumbo a la segunda etapa de su mandato.
Socio de Asimetrics.
Licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en anticorrupción por la Universidad Panamericana.
Colaborador del noticiero Primera Emisión de MVS Noticias, El CEO y Forbes.
@ESEMEJIA