*El mayor fraude de recursos públicos registrado en lo que va del siglo en México sigue en la impunidad, peor el exgobernador considera que en contra de él se han cometido injusticias.
La Querella
Tras permanecer más de cinco años en prisión el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quiere recuperar su libertad. Sus abogados defensores han iniciado formalmente el procedimiento para buscar el beneficio de la libertad condicional bajo el argumento de ya ha cumplido más de la mitad de su condena.
Aunque la apertura de un nuevo proceso por desaparición forzada en contra del exmandatario estatal podría complicar que se le conceda este beneficio, sus abogados aseguran que Duarte cumple con todas las condiciones que marca la ley para recuperar su libertad en los próximos meses.
Sin embargo, continua sin esclarecerse el destino de más de 55 mil millones de pesos que fueron malversados y desviados durante la administración de Javier Duarte en Veracruz. La FGR acumula más de 70 denuncias por estos hechos, pero hasta el momento, no ha procedido en contra del exgobernador. Ni un peso de todo ese dinero ha sido devuelto.
Los recursos federales desaparecidos en el Veracruz de Javier Duarte representan el mayor fraude de recursos públicos documentado hasta la fecha en México, superando en monto otros casos significativos como el de La Estafa Maestra en el sexenio pasado, o el de Segalmex en el actual sexenio.
¿Puede Duarte salir libre?
Javier Duarte está preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Tras haber sido extraditado desde Guatemala, fue ingresado a ese centro penitenciario para enfrentar un proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y diversos de corrupción. El caso estaba relacionado con la enorme trama de corrupción documentada durante su gobierno a través del cual se simuló sistemáticamente la contratación de servicios públicos a través de empresas fantasma.
Acorralado por los cargos y por las confesiones que hicieron personas que participaron en el fraude, entre ellas el que fuera tesorero de la entidad, Duarte optó por renunciar a su derecho a ir a un juicio y se declaró culpable en septiembre de 2018. A cambio logró que se le impusiera la pena mínima: nueve años de cárcel.
En octubre de 2021 el exgobernador de Veracruz cumplió con la primera mitad de su periodo de condena y ello le abrió la posibilidad de solicitar la denominada “libertad condicional”, contemplada en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se trata de un beneficio que consiste en que una persona pueda cumplir el resto de su condena fuera de un centro penitenciario, aunque con algún tipo de vigilancia.
No obstante, para alcanzar dicho beneficio hay que cumplir con varios requisitos que van más allá del tiempo en prisión. Entre ellos se encuentran no tener otras condenas vigentes; que no exista riesgo razonable para las víctimas; haber tenido buena conducta durante su internamiento; haber cumplido satisfactoriamente con un plan de actividades; haber cubierto el pago de la multa y/o reparación de daño; y no estar sujeto a proceso por otro delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
Los representantes legales del exgobernador aseguraron a La Querella que desde octubre del año pasado se inició el procedimiento para documentar que el exgobernador cumplía con todos esos requisitos. Además, trabajaron en conseguir un domicilio en la Ciudad de México en el que el exgobernador pueda cumplir, bajo vigilancia, el resto de su condena.
El mes pasado se formalizó ante el juez el procedimiento para recurrir a este beneficio y este miércoles se había programado la audiencia en la que se expresarían oralmente la solicitud.
Sin embargo, la semana pasada surgió para el exgobernador un inconveniente: el nuevo proceso penal abierto en su contra por el delito de desaparición forzada. Se trata de un caso integrado por la Fiscalía de Veracruz y que un juez de dicha entidad consideró procedente. Esto tras años de haberse retrasado el procedimiento debido a los candados originales que tenía el proceso de extradición.
Aunque Duarte y sus abogados sostienen que ese es un caso que se terminará cayendo pues fue “fabricado” con presuntas “torturas” por la fiscalía estatal en la gestión del exgobernador Miguel Ángel Yunes, el hecho es que la apertura del proceso en su contra le imposibilita la libertad condicional pues se incumple con el requisito de no tener otros procesos vigentes.
“Lo único que lograron las autoridades fue ganar unos meses. Solo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pasará lo que es inevitable, espero que más pronto que tarde saldré libre”, dijo el exgobernador en una entrevista concedida ayer en el noticiero matutino Ciro por la mañana.
Duarte adelantó que se desistirán de la audiencia que habían solicitado este miércoles para presentar su solicitud de preliberación, mientras se resuelve el nuevo proceso iniciado en su contra por desaparición.
Y los miles de millones que no aparecen
Aun cuando Javier Duarte fue sentenciado y ya acumula casi cinco años tras las rejas, hasta la fechalos millonarios desvíos cometidos durante su gestión siguen sin ser esclarecidos ante los tribunales, y por ende tampoco ha habido sanción ni reparación del daño.
Para lograr armar el caso en contra del exgobernador que terminó en sentencia, la entonces PGR centró su investigación en un grupo reducido de empresas y en la adquisición de bienes de parte del exmandantario, pero no en los numerosos contratos que su gobierno adjudicó. Por ello tampoco se le impuso algún tipo de reparación de daño.
Ni la entonces PGR ni la actual Fiscalía General de la República (FGR) han impulsado en contra de Duarte ningún otro proceso a nivel federal. Ello pese a que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta la fecha continúa sin esclarecerse el destino de 55 mil 596 millones de pesos provenientes de fondos federales que fueron desviados entre 2010 y 2016 en Veracruz, justo en la gestión de Duarte.
De acuerdo con los datos actualizados de la ASF y revisados por La Querella Digital, el referido monto está relacionado con 364 posibles fraudes cometidos por la administración de Duarte en el manejo de los recursos. Se trata de arteros quebrantos al patrimonio federal con recursos que estaban destinados a la salud, la educación, programas sociales o de asistencia, desarrollo de infraestructura, entre otros.
Por estos casos los auditores han presentado ante la FGR 70 denuncias formales para que se proceda en contra de quienes resulten responsables de los desvíos federales, cifra que además podría elevarse pues la ASF continúa verificando otros 15 mil millones de pesos que también tienen irregularidades. Es decir, el monto de los recursos desviados con Javier Duarte podría superar los 70 mil millones de pesos.
Pese a lo anterior la Fiscalía ha decidido indagar todas las denuncias de forma independiente, como si se trataran de casos separados. Usando declaraciones como la del extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, ha logrado que jueces federales en Veracruz vinculen a proceso a más de una decena de exfuncionarios de la administración duartista, pero no ha escalado el caso hacia el exgobernador.
Los casos que la FGR ha promovido se enfocan principalmente en exsecretarios y exsubsecretarios de Finanzas. Ninguno de ellos ha llegado, hasta la fecha, a la fase de juicio ni se han emitido sentencias condenatorias. En consecuencia, tampoco multas o reparaciones de daños.
El mayor desvío de recursos registrado y documentado en lo que va del presente siglo en México continua impune.