La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal
Pleno, invalidó los preceptos contenidos en el Título Segundo, Capítulo VI
denominado “Educación Indígena”, así como en el diverso VIII, denominado
“Educación Inclusiva”, ambos de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí,
publicada el 14 de mayo de 2020.
En la misma sesión, el Pleno invalidó los preceptos contenidos en el Título Segundo,
Capítulo VI denominado “De la educación indígena”, así como en el diverso VIII,
denominado “De la educación inclusiva” –excepto el artículo 60, al haber sido objeto
de sobreseimiento por cambio normativo–, ambos capítulos de la Ley de Educación
del Estado de Sonora, publicada el 15 de mayo de 2020.
La SCJN determinó que los preceptos invalidados incidían directamente en los
intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de
las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos
grupos previo a la expedición de las leyes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1º y 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue
llevado a cabo.
Siguiendo la línea establecida en diversos los precedentes, el Pleno invalidó
únicamente los preceptos impugnados y no la totalidad de las legislaciones.
Además, determinó que las declaratorias de invalidez surtirán efectos dentro de los
dieciocho meses siguientes a que se notifiquen los puntos resolutivos a los
respectivos Congresos locales, quedando vinculados para que en dicho plazo lleven
a cabo las consultas –las cuales no estarán limitadas a los artículos invalidados– y
emitan las legislaciones correspondientes.
Acción de inconstitucionalidad 179/2020, promovida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad
de 14 de mayo de 2020.
Acción de inconstitucionalidad 214/2020, promovida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado de Sonora, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 15 de
mayo de 2020.