Tienes aquí un caso de justicia. Betty recobró su libertad gracias al apoyo de muchas personas, entre ellas El Mijis y Ricardo Peralta
Betty tuvo una relación sentimental donde procreó 4 hijos, el mismo que fue su violador también fue el de una de sus hijas de 3 años de edad. Como en miles de historias, donde el machismo y la presión social no han permitido dar a conocer hechos como éstos; el caso de Betty inició y terminó como tragedia.
Ella huyó con sus hijos para evitar que sufrieran más de ese infierno, su padre era policía, contaba con cierta protección gremial que le hacía ser un personaje aún más temible.
Un año después, sin mediar absolutamente de algún indicio del debido proceso, fue aprehendida y presentada ante un juez penal, quien la sentenció a 27 años de prisión por el homicidio del agresor de su hija y de ella. Betty es una víctima más del sistema inquisitorio del pasado, ése que a miles de personas les ha robado su vida al integrar pruebas ilícitas que se construyen con la intención de “hacer justicia”.
Pedro Carrizales, El Mijis, amigo cercano y luchador social, me buscó hace poco más de año y medio para conocer de este y otros casos, y que, de manera conjunta y multidisciplinaria, se coordinara para examinar la viabilidad de decenas de casos similares.
Ésta fue una de las causas en las que El Mijis puso toda su atención, detonando varios eslabones hasta que se logró obtener la libertad de Betty a través de un amparo.
La reforma al sistema de justicia penal de 2008, como muchas otras del espectro de nuestro marco normativo, requiere seguir perfeccionando el sistema de aplicación y persecución de la justicia, sobre todo lo correspondiente a la población penitenciaria nacional. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece el derecho, entre otros, a la reinserción social cuando se evidencia la acreditación de faltas procesales que tienen como resultado sentencias condenatorias.
La preliberación debe ser una política pública, no sólo para despresurizar la población penitenciaria, sino como un acto de justicia para miles de personas que injustamente han sido privadas de su libertad, ya sea por la ineficacia en la aplicación de la ley penal, por conflicto de interés, abuso de autoridad y cualquier conducta ajena a la noble tarea de impartir justicia.
La privación de la libertad, como principio, debe ser excepcional y no la regla, y sólo por delitos que pongan en riesgo la paz y la convivencia social.
La justicia transicional y todos los medios alternativos de solución de controversias deben ser los rectores en la pirámide de la estructura para los justiciables.
Sirva el caso de Betty como el inicio de un diezmo profesional que los abogados con sentido social debemos otorgar a nuestra comunidad como una forma de cultura y resarcimiento a los daños ocasionados por un sistema putrefacto que no tiene cabida en el México de hoy.
La herida que se le causó a México en casi todos los ámbitos de la vida pública no ha dejado de sangrar; fueron más de 150 años que produjeron millones de víctimas, porque no hay que olvidar que no solamente son los procesados y los sentenciados, sino también todo su entorno familiar que, de alguna manera, queda preso, con carencias afectivas, económicas, y con un estigma social que no les permite avanzar en una sociedad que, con justa razón, no reconoce ningún esfuerzo para obtener resultados en la reinserción social de los excarcelados.
Los que adquieren su libertad, entran ahora a la prisión social del rechazo, a una especie de muerte civil, a reencontrarse con los suyos, los que durante años sólo pudieron convivir dentro de una periferia de muros con púas; se enfrentan al descrédito y a la pobreza, debido a la nula capacitación para el trabajo, falta de educación, salud y deporte, estos elementos son la base constitucional que no se cumple, y donde se requieren acciones legislativas y de gobierno para que esa población también sienta que, con independencia de su sanción penal, también son mexicanos, y que su derecho a votar, por ejemplo, también tendría que ser un hecho, pues les afecta o beneficia cualquier acción que tomen los operadores de la ley.
La impunidad en nuestro país es el vehículo que provoca que el resto de los fenómenos delictivos se realicen con toda facilidad. No más mujeres condenadas al olvido de una sociedad Indiferente.