Fiscalía, capacidad e idoneidad

Ricardo Peralta Saucedo

En el año 1992, a mis 20 años, cuando estaba por concluir el primer año de la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuve mi primera responsabilidad pública como técnico superior (mecanógrafo) en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dependencia de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Existía, entre otras actividades académicas, la Escuela Profesional para Policías de Investigación, Peritos y Ministerios Públicos Federales, donde estuve adscrito; tiempo después fui designado subdirector para coordinar el ingreso de ambas figuras en su calidad de estudiantes. Los requisitos eran contar con licenciatura, para ambos casos, no tener más de 35 años de edad, buena condición física, no tener antecedentes penales, no consumir alcohol ni drogas. En dicho instituto egresaron muchas generaciones en la construcción de la procuración de justicia en nuestro país.

Con los años, fui la primera generación que inauguró el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), en un intento más del Estado mexicano para combatir penalmente ese flagelo. Ahí fui el primer subdirector y director de Atención a los Derechos Humanos, y de Asuntos Internos y Seguimiento de Conductas a Servidores Públicos. Figura entonces innovadora en la administración pública mexicana.

También fui invitado a la Contraloría Interna de la entonces Procuraduría General de la República como subdirector nacional de Investigación de Asuntos Internos, donde llevamos a proceso penal a cientos de servidores públicos por sus conductas contrarias a la ley.

El haber sido agente del Ministerio Público del fuero común en la entonces delegación Venustiano Carranza fue una de las experiencias más enriquecedoras de cómo vive el día a día todo el personal sustantivo de la procuración de justicia en la CDMX, así como la condición de las víctimas y ofendidos cuando están relacionados con una indagatoria que, en la mayoría de los casos, la justicia sigue esperando tener un cauce cuando menos idóneo. En el Estado de México, y ya como profesor de Teoría del Delito y la Ley Penal, de Procesal Penal y de Delitos en Particular, a la fecha, en la Facultad de Derecho de la UNAM, fui director de Operaciones de la Policía Ministerial en todo el estado, la entidad más poblada, con enormes desigualdades, frente a un crimen implacable, donde los agentes de investigación cumplían con su mandato con disciplina, uso de tecnología y de manera artesanal para abatir a una avasallante delincuencia local.

Como estas historias hay un sinnúmero que diariamente los servidores públicos de las fiscalías del país escriben en su actividad del día a día, y otros más que, sin tener la oportunidad de la experiencia operativa, diseñan, opinan y proponen esquemas de actuación donde la práctica es un requisito indispensable.

La procuración de justicia en México tiene una gran deuda con la sociedad mexicana, no puede considerarse el honor de ser fiscal como una posición de interés político, sino hacer de la misma una auténtica representación social, como lo establece nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La aplicación de la experiencia en técnicas de investigación, uso de inteligencia y respeto a los derechos humanos para evitar daño a la sociedad debe contar con idoneidad, viabilidad y congruencia entre la capacidad profesional y la experiencia, el reconocimiento de la academia, los colegios de profesionales y resultados públicos.

El terrorismo punitivo no desalienta la criminalidad, la efectividad en las sanciones y los mecanismos alternativos de solución de controversias son el paso de la justicia restaurativa, por lo que ese modelo debe comenzar en nuestro país en la materia penal de manera generalizada.

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