Fernanda Solís
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que contó con datos de prueba “contundentes” en la investigación contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada con la empresa Ingemar.
La institución señaló que dictámenes periciales, entrevistas y análisis financieros sustentaron la indagatoria. Según la Fiscalía, estos elementos indicaron que Ruffo Appel, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la compañía, habría intervenido en su conducción y en decisiones estratégicas.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificaron una presunta red que utilizó ferrotanques para introducir combustible mediante dicha sociedad. La FGR también reportó movimientos millonarios en cuentas nacionales y operaciones que consideró incongruentes con el perfil fiscal de la empresa.
La Fiscalía sostuvo que el exmandatario reconoció en entrevistas que poseía 49% de las acciones de Ingemar y que conocía, al menos desde 2024, irregularidades en los volúmenes declarados. De acuerdo con esa versión, camiones y ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros fueron registrados en pedimentos de importación con apenas 10 mil litros.
Ruffo Appel llegó el 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, Baja California, después de un traslado por carretera desde el Estado de México que duró 40 horas. Fernando Gómez Mont, quien formó parte de su defensa, explicó que la Fiscalía no se opuso durante la audiencia a que continuara el proceso desde su hogar.
En entrevista con Ana Francisca Vega en MVS Noticias, Gómez Mont señaló que no contó con elementos para calificar el traslado terrestre como un castigo, pese a los cuestionamientos que generó.
El proceso penal continuó ante la autoridad judicial competente, a la que correspondió resolver la situación jurídica del exgobernador con base en las pruebas desahogadas.