FGR mantiene tres investigaciones abiertas contra Julio Scherer y “su equipo” por extorsión y corrupción

La Querella

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tiene tres carpetas de investigación en curso relacionadas con presuntos hechos de corrupción, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y de un grupo de abogados y contadores que forman parte de su círculo cercano de colaboradores.

Una de las indagatorias, como ya se ha publicado, surge a partir de la denuncia presentada por el abogado Juan Collado Mocelo – procesado actualmente por delincuencia organizada – y en la que señaló a Scherer y sus litigantes de haberlo forzado a pagar millones de pesos a cambio de “facilitarse” resolver sus problemas legales.

Los otros dos casos se iniciaron por denuncias de personas vinculadas con el caso del fraude en la administración de Cooperativa Cruz Azul, y por las indagatorias relacionadas con presuntos favores y tráficos de influencias en favor de la empresa OHL/Aleática.

Las indagatorias, indicaron autoridades federales, están a cargo del fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos, mano derecha del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. Pese al revés judicial que sufrió la fiscalía al intentar judicializar el primero de estos casos, la instrucción es que las carpetas de investigación continúen integrándose.

Cabe señalar que hay denunciantes de estos casos a los que la FGR les ha prometido analizar la concesión de beneficios legales o criterios de oportunidad si acceden a testificar y aportan elementos que contribuyan a fortalecer las indagatorias. Como parte de las investigaciones también se analiza si funcionarios de la propia Fiscalía podrían estar coludidos con los hechos.

A continuación, se detallan los puntos clave de las tres indagatorias formalmente en curso en contra del exconsejero jurídico de la presidencia y de los despachos implicados en las acusaciones.

Caso Cruz Azul

En esta indagatoria se investiga a Julio Scherer y a los abogados pertenecientes al despacho García González y Barradas por las presuntas presiones que ejercieron sobre el exapoderado legal del Cruz Azul, Ángel Junquera Sepúlveda, para que cediera gran parte de su patrimonio a cambio de una supuesta exoneración legal por los procesos iniciados en su contra.

Todo el caso se desprende de la denuncia que integrantes de la Cooperativa Cruz Azul presentaron en 2019 a nivel federal y en la Ciudad de México por los presuntos malos manejos de la administración encabezada en aquel entonces por Guillermo Álvarez, y donde Junquera fungía como apoderado legal.

De acuerdo con las investigaciones, Scherer operó políticamente desde un inicio para que este caso se denunciara y, posteriormente, para que avanzara en contra de los presuntos involucrados. Pero, al mismo tiempo, logró que sus exsocios, amigos y abogados pertenecientes al despacho de García González y Barradas se acercaran a los investigados con la idea de “asesorarlos” para tratar de librar el pleito legal. Es decir, operó simultáneamente en ambos bandos.

Lo que el hijo de Ángel Junquera detalló en la denuncia presentada ante la FGR es que los abogados ligados a Scherer convencieron a su padre para que aceptara firmar un acuerdo reparatorio en el que regresaba 45 inmuebles con un valor de aproximadamente 700 millones de pesos.

El exabogado del Cruz Azul aceptó dicho arreglo, sin embargo, aunque el proceso en la Ciudad de México se detuvo, a nivel federal continua en integración. Y Junquera Sepúlveda continua en prisión preventiva.

En ese contexto la FGR indaga la serie de intervenciones que tuvieron tanto Scherer como los referidos litigantes, y la forma en como habría operado en ambos lados de este caso, con la supuesta finalidad de obtener beneficios económicos indebidos.

Caso OHL/Aleática

El caso se inició a partir de la denuncia presentada por el abogado Paulo Diez, quien por años ha venido documentando y denunciando las irregularidades detrás de las concesiones carreteras que gobiernos priistas le han entregado a la empresa australiana Aleática (antes OHL). Son concesiones que según el litigante le han permitido a dicha empresa enriquecerse a costa del patrimonio público y de recursos que deberían ingresar al erario.

Díez denunció que en el actual sexenio Aleática ha continuado recibiendo favores del gobierno, pero en específico, de Julio Scherer y de los abogados del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”. Según Diez el grupo ha traficado influencias tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial para frenar acciones en contra de la compañía y de sus concesiones.

Un ejemplo de ello fue la designación que hizo Scherer de un funcionario al frente de la unidad jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya primera acción fue elaborar y aprobar un convenio en el que se declaró válida la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleática. Con ese trámite se anuló un proceso de sanción que la propia SCT había iniciado con anterioridad, y quedó congelada una indagatoria que la FGR ya había iniciado por el otorgamiento ilegal de una vía federal a dicha empresa privada.

Por este caso la FGR abrió la carpeta de investigación FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000122/2022 que hasta el momento continua en integración. Y como parte de las investigaciones se han reunidos datos incluso de empresas en paraísos fiscales que pudieran ser receptoras de beneficios ilegales.

De acuerdo con las autoridades federales consultadas esta podría ser el segundo caso que se intente judicializar si el fiscal General lo autoriza.

Caso Collado

Esta fue la primera carpeta de investigación abierta por la FGR en contra de Scherer y personas de su entorno. Se inició tras la denuncia que presentó el también abogado y empresario Juan Collado Mocelo, quien se encuentra preso desde hace casi tres años en el Reclusorio Preventivo Norte.

De acuerdo con Collado, un grupo de abogados privados encabezados por Juan Araujo Rivapalacio y Cesar Omar González Hernández se acercaron con él desde 2019 para ofrecerle ayuda en “los problemas legales” que vendrían en su contra. Le dijeron que eran cercanos a Scherer y que eso sería beneficioso para su caso. Para probárselo le mostraron información privilegiada que tenían en sus manos como, por ejemplo, el seguimiento que había realizado la UIF de sus operaciones financieras.

A la larga, dice Collado, terminó pagándole a estos litigantes diez millones de pesos en efectivo y un millón 386 mil dólares. Pero las exigencias crecieron: le pidieron que entregara su empresa Caja Libertad, y que finalmente accediera a firmar un acuerdo reparatorio de más de dos mil millones de pesos. Los resultados no llegaban, pero los reclamos de dinero seguían en aumento.

Finalmente, el empresario entabló comunicaciones con la FGR y accedió a denunciar la presunta extorsión que había padecido. Ofreció testigos y algunas pruebas. A cambio de esa colaboración los fiscales le ofrecieron la posibilidad de obtener un criterio de oportunidad si la indagatoria resulta exitosa.

La FGR ya ha intentado en dos ocasiones judicializar este caso en específico. Aunque no ha presentado cargos directos contra Scherer sí lo ha hecho respecto a los referidos abogados y a un sujeto identificado como su operador financiero. Los implicados han conseguido frenar estos intentos y ganaron una apelación presentada ante un Tribunal unitario. No obstante, la magistrada que revisó el caso dio luz verde a la Fiscalía para que continue indagando y recopilando pruebas.

Los otros casos: Ancira y Gómez Mont

Sumado a las tres carpetas de investigación ya mencionadas, la FGR cuenta con información que vincula a Scherer y a los bufetes de abogados cercanos a él con otros hechos en donde se habría llevado a cabo el mismo modus operandi: instigar procesos y pagos en contra de personas ligadas con posibles actividades delictivas y, paralelamente, ofrecerles asesorías o defensa a través de sus cercanos.

De acuerdo con fuentes federales esto habría ocurrido, por ejemplo, en el caso de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes han sido blanco de investigaciones por posibles operaciones de lavado de dinero y diversos hechos de corrupción. Las gestiones de Scherer retrasaron por años que se procediera en su contra al tiempo que sus abogados los aconsejaban.

Otro asunto es el del empresario Alfonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México, y quien en su momento estuvo detenido bajo los cargos de haber pagado sobornos a Emilio Lozoya cuando este dirigía Pemex. Ancira logró recuperar su libertad tras acordar pagar 200 millones de dólares como reparación de daño. Una negociación en la que se advierte que intervinieron Scherer y sus abogados y en la que habrían obtenido beneficios económicos.