Va Fiscalía por Diputado Christian Von involucrado en compra de bienes raíces

Por José Antonio González

Para el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roerhrich no será una buena Navidad ya que es buscado por las autoridades por los delitos de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara, explicó que el ex alcalde de Benito Juárez y actual diputado local tiene una orden de aprehensión en su contra.

Por ello, pidió la colaboración de la ciudadanía a efecto de contar con información de su ubicación y se comunique a la fiscalía de la CDMX. Recordó que los diputados locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian von Roehrich no tiene inmunidad procesal.

La orden de aprehensión contra Christian von Roehrich es parte de una nueva línea de investigación contra ex funcionarios por violaciones al uso de suelo en la alcaldía Benito Juárez.

«Debido a su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y en particular para vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, sobre todo personas compradoras de buena fe, de inmuebles en áreas de alta plusvalía, construidos de manera irregular, les informo que, en las primeras horas de este jueves, detectives de la Policía de Investigación aprehendieron a Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos de esa demarcación», expuso el vocero.

«De acuerdo con las indagatorias encabezadas por agentes del Ministerio Público de esta fiscalía, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros ex servidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación».

Los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esa demarcación, durante la administración que encabezó Christian “N”, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal.

Como se ha señalado, la Fiscalía General de Justicia ha abierto una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación.

Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.

Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.

De acuerdo a nuestras investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos.

El pasado 17 de noviembre, como ustedes recordarán, les informé que cada actuación y diligencia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha ejecutado, ha sido con apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos de cada persona.

Las indagatorias siguen en progreso, por lo que continuamos recabando datos de prueba para determinar fehacientemente el grado de intervención y la probable participación de diferentes personas, a través del análisis de contratos, actas constitutivas y demás documentación.