¿ES EL DERECHO PROBATORIO UN LÍMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA VERDAD?

Por Joan Ramos Martínez

En el marco de los fines del derecho penal, se encuentra por un lado la resolución del conflicto, mismo que se genera con la realización de una conducta considerada de mayor valía para la sociedad y el ciudadano en particular, cuando se vulnera su esfera jurídica, y se lesiona un bien jurídico, lo que provoca en estricto sentido, no solo resolver la controversia sobre este hecho, sino una cuestión de mayor trascendencia, que es, el descubrimiento de la verdad; verdad que ya no solo corresponde obtener como fin de la litis a las partes en disputa, si no engloba la responsabilidad del sistema de justicia en general, lo cual, en base al método, e implementado para sus determinaciones, sea prejuzgando si las resoluciones judiciales son o no verdaderas (lo más cercanas a la realidad), lo anterior, no deja de analizar el escenario jurídico práctico, tomando como punto de partida, que las partes técnicas, lejos de buscar la verdad, o que las resoluciones judiciales se acerquen más a la misma, se han enfocado en demostrar y hacer prevalecer sus hipótesis, a través de la teoría del caso implementada; y en base a la información que vierten ante el decisor, salir avante con respecto al contrario.

En ese sentido, la búsqueda y recolección de información se obtiene de manera sistemática y bajo metodologías que permiten la aplicación de las técnicas de investigación, a fin de lograr verificar la teoría del caso de quien lleva a juicio la evidencia; en este contexto, delimitemos el tema, a la disyuntiva que existe, entre resolver un conflicto como fin del proceso penal, que se da en cuanto a los intereses de cada una de las partes en pugna, y el derecho al descubrir la verdad a la recolección de la información encuentran su Génesis en la probática y en el derecho probatorio.

Es importante destacar que si bien ambos conceptos pueden resultar sinónimos, ello por referirse de forma concreta a la recopilación de información que permite la verificación de un hecho acontecido con anterioridad y que, por su relevancia, es sometido a los órganos decisorios para la valoración de dichas pesquisas, sin embargo, tienen diversas finalidades, en cuanto a la verdad y la resolución del conflicto generado por el hecho en cuestión.

Así las cosas, la probática tiene como fin principal, la Génesis del hecho, hasta la materializarlo en la realidad, lo más cercano posible a lo acontecido, por lo que se enfoca en ser una guía, enseña como probar, elige las fuentes de forma metódica para verificar las hipótesis que pretende descubrir, utilizando como herramienta fiel el método científico, y como consecuencia, busca descubrir y reconstruir los hechos, lo más cercanos a la realidad (verdad).

Por su parte el derecho probatorio, también tiene como fin el análisis de las pruebas, pero estas se ven delimitadas en esta área a lo jurídico, ya que fija las reglas para que la información recopilada por las partes pueda ser reproducida, y en consecuencia tenga valor y sea considerada para la determinación final, lo que con lleva a implementar reglas de admisión, ejecución o desahogo, para su valoración; esto permite afirmar, que al introducir información que cumple con las reglas de admisión, esta se puede desahogar, y por tanto valorar, y llegar al punto de ser consideradas para los fines de la hipótesis de quien la presenta, aun, cuando dicha prueba, no tenga relación con el hecho.

La divergencia concreta se da, en cuanto el derecho probatorio no enseña a probar, sino a fijar reglas jurídicas para lograr resultados jurídicos con respeto a normas legales, lo que conlleva a que los actos de investigación sean sometidos a filtros de control judicial, en este sentido, es factible, que si no se cumple con los requisitos para que determinada información sea admitida, la misma será desechada, y no podrá ser valorada para demostrar la teoría del caso de quien pretende llevarla a juicio, aun y cuando sea la evidencia que demostraría el acontecimiento, lo más cercano a la verdad.

Sentado lo anterior, podemos afirmar que todo material de prueba o evidencia que pasa los filtros y sirve para justificar una resolución se debe considerar prueba, aunque no lo sea.

Es importante entender la fusión y relación entre ambos conceptos, sin embargo, considerar que entre menos filtros legales se contemple para la obtención de la información, será más factible llegar a la verdad que se busca, y que tanta falta hace para lograr la confianza anhelada en los órganos de preparación e impartición de justicia, sin soslayar, que lo aquí expuesto podría generar una contradicción, ya que al eliminar la protección a derechos fundamentales para la obtención de la información, se incrementa el riesgo de llevar a sede judicial actos de investigación obtenidos a raíz de sometimiento o tortura, lo que a la fecha se sigue llevando a cabo aun con los diversos mecanismos de protección, y sería la misma paradoja, en cuanto a todo lo que sirve de prueba es prueba aunque no lo sea.


Dr. Joan Ramos Martínez

Especialista en defensa penal por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública; Catedrático y Postulante en materia penal.

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