En México solo 1 de cada 4 asesinatos de mujeres se indaga con protocolo de feminicidio; fallas y revictimización marcan los casos

La Querella

Contrario a las recomendaciones de las cortes internacionales y a la posición de activistas y actores como el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en México menos de la cuarta parte de los asesinatos de mujeres cometidos desde 2015 se han indagado con protocolos de un posible feminicidio.

Por el contrario, la mayoría de los asesinatos de mujeres, que no han dejado de crecer a lo largo del actual sexenio, se investigan como si se tratara de un homicidio común, sin que se analice si detrás de cada caso hubo razones de género, y sin que se verifiquen las circunstancias y agravantes que cada uno de esos casos conlleva.

Así lo revelan datos oficiales tanto de INEGI como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), que fueron revisados y comparados por La Querella Digital. Los datos obtenidos muestran además que Guanajuato, la entidad en donde ha crecido con mayor proporción los asesinatos de mujeres, es a su vez la que menos los indaga con protocolos de feminicidio.

Desde 2015 todas las entidades federativas del país tienen incorporado en sus códigos penales el delito de feminicidio, que significa en términos globales el asesinato de una mujer por razones de género. Algunas entidades ya tenían contemplada esta variable en sus códigos desde antes de 2015 como agravantes de homicidio, pero fueron haciendo modificaciones para incorporar dicha tipificación como un delito independiente.

En ese contexto lo que los datos actualizados de mortalidad de INEGI arrojan es que entre 2015 y 2021 fueron asesinadas 24 mil 230 mujeres en el país. El registro del Instituto se basa en los certificados de defunción en los que se detalla que todas estas mujeres perdieron la vida en condiciones de violencia, y como resultado de acciones exteriores infringidas en su persona.

Pero en el mismo periodo las fiscalías del país solo registraron 5 mil 718 víctimas de feminicidio, de acuerdo con el registro del SESNSP. Se trata de mujeres cuyos asesinatos son o fueron investigados por las fiscalías con los protocolos de feminicidio. Ello con independencia de si ante un juez se prueba se hace la imputación por ese delito o no. El resto de los asesinatos de mujeres sí han sido investigados, pero bajo la tipificación de homicidios dolosos.

En términos porcentuales, lo anterior significa que las fiscalías han dado tratamientos de posibles feminicidios a solo el 23.6 por ciento de los casos de mujeres asesinadas en el referido periodo, menos de la cuarta parte. Dicho de otra forma: en 3 de cada 4 asesinatos de mujeres no se hizo una investigación para determinar si hubo razones de género detrás del crimen perpetrado.

A nivel estatal hay diferencias más pronunciadas. De entrada, ningún estado indaga el cien por ciento de los asesinatos de mujeres con protocolos de feminicidio. Hay solo tres casos: Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, en donde más de la mitad de los crímenes de mujeres son tipificados como posibles feminicidios. En el resto de las entidades menos del 50 por ciento de los casos fueron indagados con ese protocolo y hay seis estados donde menos del diez por ciento de los asesinatos de mujeres han sido catalogados como feminicidios: Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Guerrero.

Estos datos reflejan que en México no ocurre lo que la mayoría de las activistas y organizaciones de derechos humanos exigen: que las muertes violentas de mujeres sean indagadas con protocolos de feminicidio. Organismos como ONU Mujeres o el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio han establecido que esto es vital pues se trata de la única forma en que puede determinarse si hubo razones de género que motivaron o facilitaron los crímenes.

Desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente claro a partir de la sentencia del caso Mariana Lima: que todas las muertes de mujeres que ocurran en condiciones de violencia sean investigadas con perspectiva de género, es decir, como un posible caso de feminicidio.

“Urgen: 1. Un tipo penal nacional de feminicidio. 2. Un protocolo nacional para investigar este delito. 3. Que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos”, publicó el magistrado presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en su cuenta de Twitter el pasado 6 de noviembre.

Violencia feminicida en ascenso

Independientemente de cuantos casos se animan las fiscalías a clasificar o no como posibles feminicidios hay una realidad innegable: el incremento notable de los asesinatos que cada año se comenten en contra de las mujeres. Loa 4 mil 2 casos reportados por en 2021, representan la cifra más alta de, por lo menos, los últimos 31 años.

De acuerdo con los datos de mortalidad de INEGI, en 2006 la cifra de mujeres asesinadas ascendió a 1 mil 298, mientras que para 2021 pasaron a los referidos 4 mil 2. Se trata de un incremento superior al 200 por ciento. Dicho de otra forma: en los últimos quince años los asesinatos de mujeres en México se triplicaron.

A diferencia de lo que ocurre con los hombres, la violencia homicida en contra de las mujeres no ha retrocedido un ápice en el actual sexenio. Mientras que los homicidios dolosos decrecieron de 2018 a 2021 en un cuatro por ciento, los asesinatos de mujeres, en cambio, se han incrementado más de seis por ciento en este periodo. El aumento ha sido constante año con año.

En 29 de los 32 estados del país ha crecido la violencia contra las mujeres en los últimos quince años. Solamente Durango y Chiapas reportan ligeras reducciones en sus asesinatos de mujeres de 2006 a 2021, mientras que Yucatán reporta la misma cifra antes que ahora. En el resto de las entidades hay incrementos que van desde 17 hasta más de 2 mil por ciento.

El foco rojo es Guanajuato, estado que en el 2006 registró 25 casos de mujeres asesinadas mientras que, en el 2021, la cifra fue de 571 víctimas. Es decir, en este periodo se multiplicaron por 23 los asesinatos, lo que equivale a un incremento superior al 2 mil 184 por ciento en la incidencia. No tan lejos se encuentra Colima, en donde se reportan para el mismo periodo un alza de 1 mil 550 por ciento en la violencia feminicida; mientras que Zacatecas reporta un disparo del 1 mil 325 por ciento.

Otro caso grave es el de Baja California donde los asesinatos de mujeres anuales pasaron de 38 casos a 340 en los referidos años, un alza de más de 800 por ciento. Sonora, Chihuahua y Morelos registran crecimientos del orden del 400 por ciento.

Fallas y revictimización

Una constate que se ha presentado en múltiples feminicidios ocurridos en los últimos años han sido las fallas en las indagatorias y la revictimización de las mujeres afectadas. Casos como el del asesinato de la abogada defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, ocurrido en 2201, o el de la joven Mariana Lima en 2010, han sido emblemáticos respecto a la forma tan desaseada en que se llevaron las investigaciones, y terminaron siendo severamente cuestionados en los máximos tribunales tanto del país como internacionales.

Sin embargo, pese a las condenas y a la elaboración de algunos protocolos, las fallas constantes en las indagatorias se siguen presentando, ya sea por la prisa para presentar resultados, o por el deseo de las autoridades de desvirtuarlos. Tan solo en los últimos meses esto ha ocurrido en cuatros casos emblemáticos:

*Caso Luz Raquel: El pasado 16 de julio se reportó en Zapopan, Jalisco, la muerte de la joven y activista Luz Raquel, como resultado de graves quemaduras que le fueron infringidas. Unos días después y sin esclarecer el caso, la fiscalía del Estado presentó videos en los que se aprecia a la joven comprando botellas de alcohol y se sugirió que ella se había quemado sola. Organizaciones civiles acusaron a la fiscalía estatal de criminalizar a la víctima. La FGR terminó atrayendo el caso que, hasta ahora, no se ha esclarecido.

*Caso Debanhi Escobar: Las autoridades de Nuevo León informaron originalmente que la joven Debanhi Escobar, desaparecida en abril tras acudir a una reunión, había fallecido a causa de un golpe en la cabeza tras caer a una cisterna. Esto de acuerdo con una autopsia oficial. Pero la desconfianza de los padres motivó un segundo peritaje en el que se estableció que la joven murió por asfixia y fue asesinada.. Hasta ahora no se ha esclarecido el caso.

*Caso Ariadna González: La Fiscalía de Morelos informó a partir de una autopsia realizada a Ariadna – cuyo cuerpo fue encontrado tirado debajo de un puente en ese estado – que la joven había fallecido producto de una congestión alcohólica. Pero una nueva autopsia realizada en Ciudad de México evidenció que, en realidad, fue asesinada en un departamento de la colonia Roma Sur.

*Caso Lidia Gabriela: El pasado 5 de noviembre las autoridades de la CDMX informaron oficialmente que habían detenido al conductor de un taxi desde el cual una joven, Lidia Gabriela, se lanzó perdiendo la vida. Se sospecha que ella intentaba huir del referido sujeto. Pero esta semana el jefe de la policía capitalina tuvo que reconocer que se equivocaron de persona, que el detenido era el hermano, y que el real sospechoso sigue prófugo.