Por Irving Regino
Aunque mucho se ha dicho que estamos en una era donde los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier cosa, lo cierto es que en México encontramos lo que denominó el maestro Alemán Günter Jakobs, “derecho penal del enemigo” es decir, la forma en como los Estados legitiman el poder de castigar a aquellas personas que se apartan del marco legal de la sociedad.
Lamentablemente las características de esta forma de control conllevan a un Estado autoritario y a veces un tanto arbitrario, a pesar de que se jacte de respetar principios como de mínima intervención, legalidad, presunción de inocencia, tutela judicial, entre otros; lo cierto es que nuestro marco jurídico penal es el único en América Latina que contempla una prisión preventiva oficiosa, por mucho que exista un discurso que pretenda justificarla, lo cierto es que resulta inconvencional, a pesar de los antecedentes que existen en nuestro país sobre el abuso del poder punitivo para castigar conductas.
Se trajo como un vicio del sistema anterior, que lejos de que disminuyeran los delitos que ameritan esta medida cautelar, con el paso del tiempo se ha aumentado el catálogo para imponer prisión preventiva mientras se investiga un hecho con apariencia de delito. Es preocupante que se sigan los vicios del sistema tradicional en donde se busca amoldar el poder punitivo del Estado para complacer los caprichos de algunos cuantos. Y es que a los legisladores mexicanos no les haría mal conocer lo que señalaba Cesar Beccaria en su obra “Tratado de los Delitos y las Penas” donde apuntaba “No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas”. Que en otras palabras es el margen de impunidad lo que debe controlarse, en vez de dictar sanciones cada vez más severas las que ayudaran a una mejor prevención del delito, en conjunto con otros factores.
En algún foro recuerdo que debatíamos sobre la problemática de la falta de preparación de nuestros legisladores, quienes desconocen abruptamente la realidad de nuestro México, y escuche algunos comentarios en torno a que no es dable exigirle a dichos políticos un nivel de estudios por que su finalidad es la representación popular de la Nación, de todos los sectores de la sociedad y eso es lo que da una diversidad en todos los sentidos al momento de emitir las leyes. Dicha perspectiva no la comparto, y usted estimado lector tendrá su propio criterio, pero ¿no será mejor que quienes elaboren las leyes sepan que es lo que están haciendo?.
Para muestra basta un botón, en algún momento acudí al Congreso de la Unión, justamente cuando se discutía sobre ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, donde me toco escuchar el argumento más escuálido en el sentido que en caso de aprobarse aumentar dicho catálogo sería más sencillo para el ministerio público hacer su trabajo y disminuir la incidencia delictiva. Esto es aberrante ya que seguramente quienes debatían esta reforma en su vida se han parado en una agencia del ministerio público y mucho menos han estado frente al estrado argumentando y ofreciendo medios de prueba para desvirtuar la teoría del caso de su contra parte.
De ahí que el mayor enemigo del derecho penal sean los propios legisladores, que lejos de ayudar a mejorar nuestro sistema penal, han construido un Frankenstein jurídico que ha matado la finalidad del sistema acusatorio penal, pues el objetivo era abatir la impunidad y disminuir la corrupción, a través de operadores jurídicos capacitados para que, con una buena investigación, se pudieran sustentar acusaciones sólidas, y no meras especulaciones como hoy en día observamos.
Abogado Penalista en la firma Regino Abogados
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
Derecho Procesal Penal y Teoría General del Proceso
Traduciendo términos jurídicos para no abogados
@irvingregino