EL AMPARO BUSCADOR Y LOS VICIOS DEL SISTEMA JUDICIAL

«Una persona desaparecida dolerá hasta el último día de la última persona que alguna vez le amó” − Madre de un desaparecido

Por Diego Galeana Jiménez

En los últimos años ha destacado el ejercicio de amparo buscador como una herramienta a través de la cual, los familiares de personas desaparecidas solicitan la protección constitucional, a efecto de que, a través de ese medio, se busque y encuentre a quienes han sido objeto de una desaparición forzada.

Sobre el delito de desaparición forzada de personas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha conceptualizado como una técnica de terror; una situación de hecho, tipificada por el derecho internacional, a partir de la cual las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente.

Es una estrategia que tradicionalmente ha sido utilizada por las fuerzas armadas, de seguridad, los servicios de inteligencia o los grupos paramilitares que actúan con la cooperación, la tolerancia o la aquiescencia del Estado.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que este delito constituye una violación continua, múltiple y compleja de derechos humanos; por ende, debe ser comprendida y encarada de una manera integral.

Así, la ingeniería y configuración jurídica del amparo en la vertiente de habeas corpus, tendrá por objeto que se lleve a cabo un infinito de acciones para alcanzar el fin de dar con el paradero de la persona desaparecida, su cuerpo o restos y, además, hacerla comparecer ante el órgano jurisdiccional.

Al constituir una de las violaciones más graves a los derechos humanos de la persona, se debe brindar elevada flexibilidad, comenzando por los temas de competencia. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado disposiciones y dotado de significado a las mismas, construyendo a través de ejercicios argumentativos, la oportunidad de que la demanda de amparo contra desaparición forzada pueda ser presentada ante cualquier jueza o juez de Distrito.

En las mejores intenciones, se puede lograr el inicio del juicio de amparo, vía la comparecencia de cualquier persona que se haga presente en representación de la diversa desaparecida, o en su caso, por medios electrónicos, a través del juicio en línea, sin ser indispensable contar con firma electrónica; pero también puede hacerse por escrito y entregarse físicamente ante el juzgado de Distrito que esté de turno para la atención de asuntos urgentes.

No obstante, el vicio del sistema judicial aparece desde esa fase primaria. La mayoría de los operadores jurídicos −no todos−, disponen medidas de rango muy reducido, por no decir limitadas; es decir, la búsqueda original de la persona desaparecida consiste en que personal del juzgado se constituya en las instalaciones carcelarias o separos de autoridades de los tres órdenes de gobierno del lugar donde se presentó la demanda, con la suposición de que ahí habrá de ser encontrada la persona buscada.

Si de lo anterior se da un resultado negativo, entonces viene un segundo trámite: el envío de comunicaciones oficiales a los juzgados de Distrito de las entidades del país, con la finalidad de que, a través de sus actuarias y actuarios judiciales, se haga la búsqueda de la persona desaparecida en hospitales públicos y privados, separos, cuarteles militares, centros penitenciarios y psiquiátricos.

Respetuosamente, considero que el ejercicio de las medidas para la localización de la persona desaparecida debería ser de mayor a menor intensidad. Esto quiere decir, que, desde el inicio de la demanda, deberían emprenderse las más amplias actividades, en tanto que si la fórmula es empezar de menos a más, cada día que transcurre, sigue perpetrándose el estado de cosas en cuanto a la desaparición y la experiencia dicta que resulta menos probable dar con el paradero.

Los Organismos Internacionales de Derechos Humanos han formulado Recomendaciones en Materia de Desaparición de Personas a nuestro país. En ellas señalan que el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas se debe ejecutar de manera inmediata y sin dilaciones indebidas, pues las primeras setenta y dos horas son determinantes para obtener el éxito en la localización.

Para ello deben preverse diferentes hipótesis de búsqueda, tanto de vida como de muerte, y permitir y obtener el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado de reinterpretar no sólo del derecho de las personas desaparecidas, sino también del entorno de las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada y su derecho a la verdad.

Las obligaciones nucleares del Estado en cuanto al derecho de acceso a la verdad comprenden aquéllas relativas al procedimiento, e incluyen la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de la persona, la obligación de comunicar los resultados de las investigaciones a las partes interesadas, la de acceder de manera plena a los archivos y, en general, tomar todas las medidas que se estimen necesarias para encontrar a una persona.

En correlación, el propio Estado tiene la obligación de brindar pleno acceso a la información disponible para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas.

Entonces, ¿cómo rehabilitar el vicio del sistema judicial?

Con el inicio de emisión de medidas de mayor intensidad. Por ejemplo, en el documento denominado “El amparo buscador: una herramienta contra la desaparición forzada de personas Guía para familiares y personas juzgadoras” [1], documentan 18 comportamientos procesales relevantes:

• Reconocer el deber reforzado en la búsqueda de una persona desaparecida forzadamente y el derecho de toda persona a ser buscada; enfocar adecuadamente el problema ante la negación del acto reclamado; clasificar y registrar la desaparición forzada; solicitar información de tiempo, modo y lugar; tomar conciencia de la urgencia; interpretar adecuadamente el principio de instancia de parte agraviada; observar el concepto amplio de perpetradores en la desaparición forzada.

• Analizar cuidadosamente los informes respecto de la suspensión de plano frente a los informes justificados; interpretar adecuadamente la cesación del acto reclamado; interpretar adecuadamente los actos de consumación irreparable; interpretar adecuadamente el sobreseimiento por muerte de la parte quejosa; asumir que el juez ante quien se promueve la demanda es el competente; asumir que el domicilio de la autoridad es un hecho notorio.

• Preferir, ante la duda, admitir y no desechar; Tomar en serio la suplencia de la queja; asumir el rol de autoridades buscadoras; buscar la reparación integral y, pasos inmediatos a tomar por parte de la jueza o juez, dentro de los que se encuentran, ejemplificativamente, los siguientes:

a) Realizar la entrevista inicial.

b) Tomar todas las medidas necesarias e inmediatas para poder localizar a la persona desaparecida forzadamente.

c) Registrar la desaparición en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

d) Entregar a la familia la cartilla de derechos.

e) Detonar la Búsqueda Inmediata.

En correspondencia con lo destacado en el inciso e), el documento en mención hace las siguientes sugerencias:

 Revisar el Registro Nacional de Detenciones
 Acudir directamente al lugar donde puede estar la persona desaparecida
 Vocear a las personas desaparecidas en los lugares de detención
 Documentar cualquier negativa de las autoridades para dejarles pasar
 Abrir procesos por comparecencia cuando se encuentren otras personas
 Dar seguimiento cercano a la información de las autoridades con plazos cortos
 Solicitar la sábana de llamadas
 Requerir las grabaciones de videocámaras a los particulares

Así, se trata de que el juicio de amparo buscador sea un elemento eficaz para lograr dar con el paradero de la persona desaparecida; de ahí que resulte crucial enriquecer las medidas a tomar, más allá de enviar a las y los actuarios en forma primaria a lugares de detención y posteriormente limitar la búsqueda al envío de los exhortos de localización.

Como lo expresó la madre de un desaparecido: «Una persona desaparecida dolerá hasta el último día de la última persona que alguna vez le amó».

De tal manera, se trata de dignificar para la víctima directa y la indirecta, el derecho de ser encontrada y el de tener acceso a la verdad.

Así, resulta importante disolver la perspectiva de un expediente más, para mirar al juicio de amparo buscador y sus medidas, como una herramienta eficaz, evolucionada a un ejemplar puente en las actuaciones de ese asunto, con la mejor intención y acción de encontrar a quienes buscamos.

Un expediente de amparo es una persona esperando la solución a sus problemas. No dejemos naufragar la valiosa responsabilidad que tenemos de aportar en dicha tarea.


Mtro. Diego Galeana Jiménez

● Abogado por la UVM, Campus, San Luis Potosí.
● Diversos estudios de posgrado por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España; Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Centro de Estudios de Actualización en Derecho en Santiago de Querétaro.
● Secretario de Estudio y Cuenta dentro del Poder Judicial de la Federación.
● Profesor de las asignaturas de Juicio de Amparo y Constitucionalismo Mexicano en la licenciatura en derecho de la UASLP.

Twitter: @diegogaleana
Facebook: Galeana Diego
Instagram: @galeanadiego

Referencia bibliográfica.
[1] GuiaAmparoBuscador.pdf (www.gob.mx)