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Eduardo Yañez
Los márgenes de victoria en 64% de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos en las pasadas elecciones, fueron más altos que el promedio nacional, pero sólo en diez de esos municipios ganó el partido de la víctima, según datos de la consultoría Integralia.
En el proceso electoral 2020-2021, esta empresa contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
En un informe denominado “Crimen organizado y el proceso electoral 2020-2021” se indica que en el proceso electoral 2020-2021, contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
De los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará en siete; MC en cinco; el PRI en cuatro; el PVEM en tres, y Unidad Ciudadana en uno. Morena obtuvo el triunfo en seis de los diez estados con las tasas de homicidio doloso más altas y en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva más altas del país.
De éstos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales.
La empresa de consultoría en riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica que dirige el ex consejero electoral Luis Carlos Ugalde, explica en su informe que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos.
Interfiere en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.
El proceso de descentralización y democratización que inició en México en la década de 1980, abrió espacios de oportunidad para que grupos del crimen organizado que buscó hacerse del control de estructuras gubernamentales locales, sobre todo municipales.
«Ese proceso se ha acelerado en los últimos años, como resultado de la atomización de las organizaciones criminales, con un número creciente de pequeños, medianos y grandes grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional», indica el análisis.
Con ello, explica la consultoria, el crimen tiene acceso a información privilegiada, como estrategias de seguridad pública que se implementarán en el municipio, en su contra, en contra de sus adversarios, o bien sobre grupos económicos que operan en la región, a partir de lo cual pueden implementar esquemas de extorsión y cobro de “uso de suelo”.
También el resguardo y protección de policías municipales amplía su margen de maniobra para el dominio de territorios y mercados ilícitos, como incluyendo huachicol, extorsión, trasiego de drogas, tráfico de personas y secuestro, indica Integralia.
De igual manera, añade el texto, se cuenta con el acceso a recursos públicos: a través de malversación directa de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura. Esto también les permite lavar el dinero que obtienen de actividades ilícitas.
“Los procesos electorales son periodos de incertidumbre para el crimen organizado, pues no hay garantías de que los nuevos representantes electos mantendrán o entrarán en esquemas de colusión y corrupción. Por ello, buscan injerir en los resultados electorales para garantizar el triunfo de figuras afines a sus intereses, a través de distintas estrategias: Violencia política: amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular, para desincentivar o descartar su participación en procesos electorales”.
Otro modo es con el financiamiento de campañas con uso de recursos de procedencia ilícita (resultado de actividades delictivas) para campañas de figuras afines a sus intereses.
El control de selección de candidatos se da con la injerencia del crimen organizado en el proceso de definición de candidatos en el interior de los partidos políticos, a fin de lograr la postulación de figuras que forman parte o están vinculadas a organizaciones criminales.