 ha registrado 99 inmuebles posiblemente ligados al caso de corrupción de bienes raíces encabezado por ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez. El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que la mayoría de estos inmuebles están ubicados en las colonias de mayor plusvalía en Benito Juárez como la Del Valle, Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes y Nochebuena. “Hemos documentado que esta serie de posibles irregularidades van desde el otorgamiento de escrituras públicas con inconsistencias sobre niveles, áreas comunes e indivisos, incumplimiento en los servicios prometidos por la desarrolladora; venta de áreas comunes; e incumplimiento con la densidad de los espacios de propiedad exclusiva, entre otros. “El objetivo es que exista certeza jurídica para las personas afectadas, cuyo patrimonio puede encontrarse en riesgo”, puntualizó. Ulises Lara dijo que han surgido otros nombres de personas posiblemente involucradas con distintos niveles de intervención en la operación de este “esquema delictivo y cuyas relaciones se enmarcan en lo familiar, político y/o económico”. Sostuvo que la FGJ alista los datos de prueba para demostrar la probable participación de ex funcionarios de esa demarcación y que en su momento se darán a conocer los pormenores a la ciudadanía. Agregó que la Fiscalía estará atenta a los resultados de la Mesa Interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objetivo de otorgar asistencia jurídica a quien lo requiera.){kind=link}
Por Pablo Daniel N
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ha registrado 99 inmuebles posiblemente ligados al caso de corrupción de bienes raíces encabezado por ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que la mayoría de estos inmuebles están ubicados en las colonias de mayor plusvalía en Benito Juárez como la Del Valle, Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes y Nochebuena.
“Hemos documentado que esta serie de posibles irregularidades van desde el otorgamiento de escrituras públicas con inconsistencias sobre niveles, áreas comunes e indivisos, incumplimiento en los servicios prometidos por la desarrolladora; venta de áreas comunes; e incumplimiento con la densidad de los espacios de propiedad exclusiva, entre otros.
“El objetivo es que exista certeza jurídica para las personas afectadas, cuyo patrimonio puede encontrarse en riesgo”, puntualizó.
Ulises Lara dijo que han surgido otros nombres de personas posiblemente involucradas con distintos niveles de intervención en la operación de este “esquema delictivo y cuyas relaciones se enmarcan en lo familiar, político y/o económico”.
Sostuvo que la FGJ alista los datos de prueba para demostrar la probable participación de ex funcionarios de esa demarcación y que en su momento se darán a conocer los pormenores a la ciudadanía.
Agregó que la Fiscalía estará atenta a los resultados de la Mesa Interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objetivo de otorgar asistencia jurídica a quien lo requiera.