 que desechó la queja presentada por el PRI en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y su entonces candidato a gobernador en Nuevo León, Samuel García. Dicha queja era para multar por presuntamente omitir el reporte de gastos de campaña por publicidad en internet, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña en el proceso electoral en curso. Los magistrados alegaron que el PRI no presentó pruebas para sustentar sus aseveraciones de que se reportaron erogaciones de propaganda en las páginas de internet por alrededor de 16.8 millones de pesos y de que existieron presuntas operaciones de compra, venta y transacciones bancarias de particulares, como la empresa Google, a favor de MC y la campaña de García por un monto superior a los 49 millones de pesos. Presididos por Felipe Fuentes, quien ejerce la presidencia del TEPJF en agosto, los magistrados concluyeron que el denunciante no ofreció pruebas para sustentar sus dichos. Además, con los votos de los siete magistrados, en una sesión tersa y sin contratiempos, la revocación de validez de la elección a diputaciones federales en el distrito 01 de Baja California Sur, dictada por la Sala Regional Guadalajara, con lo que el triunfo, originalmente atribuido a la coalición Juntos Hacemos Historia, es para la coalición Va por México. Ni siquiera la polémica en torno a cinco casillas en el distrito electoral 3 de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tensó los ánimos, aun cuando la mayoría del pleno rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, presidente hasta el 5 de agosto pasado, que buscaba confirmar el triunfo de Gabriela Jiménez Godoy de la coalición Juntos Haremos Historia como diputada electa. Sin embargo, los demás magistrados determinaron que esas casillas debían anularse ante el hecho de que una persona que no estaba en el listado nominal de la sección electoral recibió el cómputo correspondiente, poniendo en entredicho la certeza del proceso. Consecuentemente, el conteo de los votos válidos daría el triunfo a Wendy González Urrutia de la alianza Va por México. Al inicio de la sesión, en señal de que la crisis del 5 de agosto quedó superada, la magistrada Mónica Soto Fragoso, que entonces fue la única que respaldó a Vargas, hizo un reconocimiento a la actitud de conciliación tanto de él como del magistrado Reyes Rodríguez que después renunció a la presidencia otorgada por los otros cinco integrantes del pleno.){kind=link}
Por Belén Valdez
Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionaron de manera virtual por primera vez después de los cambios de presidencia y las visitas a la SCJN, y confirmaron por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que desechó la queja presentada por el PRI en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y su entonces candidato a gobernador en Nuevo León, Samuel García.
Dicha queja era para multar por presuntamente omitir el reporte de gastos de campaña por publicidad en internet, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña en el proceso electoral en curso.
Los magistrados alegaron que el PRI no presentó pruebas para sustentar sus aseveraciones de que se reportaron erogaciones de propaganda en las páginas de internet por alrededor de 16.8 millones de pesos y de que existieron presuntas operaciones de compra, venta y transacciones bancarias de particulares, como la empresa Google, a favor de MC y la campaña de García por un monto superior a los 49 millones de pesos.
Presididos por Felipe Fuentes, quien ejerce la presidencia del TEPJF en agosto, los magistrados concluyeron que el denunciante no ofreció pruebas para sustentar sus dichos.
Además, con los votos de los siete magistrados, en una sesión tersa y sin contratiempos, la revocación de validez de la elección a diputaciones federales en el distrito 01 de Baja California Sur, dictada por la Sala Regional Guadalajara, con lo que el triunfo, originalmente atribuido a la coalición Juntos Hacemos Historia, es para la coalición Va por México.
Ni siquiera la polémica en torno a cinco casillas en el distrito electoral 3 de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tensó los ánimos, aun cuando la mayoría del pleno rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, presidente hasta el 5 de agosto pasado, que buscaba confirmar el triunfo de Gabriela Jiménez Godoy de la coalición Juntos Haremos Historia como diputada electa.
Sin embargo, los demás magistrados determinaron que esas casillas debían anularse ante el hecho de que una persona que no estaba en el listado nominal de la sección electoral recibió el cómputo correspondiente, poniendo en entredicho la certeza del proceso.
Consecuentemente, el conteo de los votos válidos daría el triunfo a Wendy González Urrutia de la alianza Va por México.
Al inicio de la sesión, en señal de que la crisis del 5 de agosto quedó superada, la magistrada Mónica Soto Fragoso, que entonces fue la única que respaldó a Vargas, hizo un reconocimiento a la actitud de conciliación tanto de él como del magistrado Reyes Rodríguez que después renunció a la presidencia otorgada por los otros cinco integrantes del pleno.