Juan Alfredo Ornelas Álvarez
Los meses anteriores, nuestro país vivió una jornada electoral inusualmente violenta, el resultado, 98 candidatos de diversos partidos políticos, asesinados, otros más secuestrados, cientos de agresiones e innumerables amenazas por parte de grupos delincuenciales a los cuales los medios definieron como pertenecientes a la Delincuencia Organizada, sin tener bien claro a que se referían con este término, al cual, de manera reiterada, también se refieren como “Crimen Organizado”.
¿De dónde deriva o cual es el origen del término y a qué se refiere en lo específico?.
Origen del término “Delincuencia Organizada”
Las actividades delincuenciales han existido casi desde la aparición del género humano sobre la faz de la tierra, no es sino durante la fase del desarrollo humano conocido como “esclavismo”, con la aparición del Derecho Penal, cuando propiamente se definen las conductas típicas definidas como delitos, también se conforma el sustantivo “delincuente”, a partir del cuál, diferentes conductas y personas serán objeto de sanción por parte del Derecho Penal.
Las leyes de Ur Nammu o tablas de Nuppur, son consideradas las más antiguas leyes (2050 A.C), encontrados en 1904 en 14 tabletas en las ruinas de Assur, en Susa, ciudad capital de los elamitas, una de las capitales del Imperio Persa. Las Leyes están escritas en “diorita negra”, son conocidas como “Código de Hammurabi”, se considera que fueron escritas en el siglo XXIII a.C; son una recopilación de las Leyes Asirias, que, según expertos, fueron dictadas por el monarca babilónico Hammurabi o “Hammu el grande”. En ellas se encuentran Leyes públicas y privadas, “lo público ejerce control sobre lo privado”*.
El Código de Hammurabi establecía leyes para, por primera ocasión, combatir la “criminalidad dorada” (Rodríguez Manzanera), antecedente de la moderna “delincuencia de cuello blanco”; con estas Leyes, Hammu quitó la función judicial a los sacerdotes, quienes habían construido un imperio de corrupción en la Mesopotamia, y le otorgó la autoridad a los jueces, estableciendo reglas de juicio y sanciones de las conductas definidas como delitos.
El Código de Hammurabi, contiene la ley del Talien, donde se definen perfectamente el dolo, la culpa y el caso fortuito, y establece castigos proporcionales al daño causado.
En la contemporaneidad, los términos, “Delincuencia Organizada” y “Delincuencia de cuello blanco”, aparecen por primera ocasión en el famoso ensayo “robo de la Nación, tratado sobre la Cosa Nostra”, y “pequeñas organizaciones criminales”, de Donald R. Cressey (Fergus Falls, Minnesota, abril 27 de 1919 – julio 21 de 1987) por la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, donde desarrolló, con Edwin Hardin Sutherland (agosto 13 de 1883, Nebraska – octubre 11 de 1950, Indiana, Estados Unidos) estudios sociológico criminológicos que tuvieron fuerte impacto en la criminología, pero sobre todo, en el derecho penal.
El 17 de enero 1920, en Estados Unidos, inicia la prohibición de alcohol que duró hasta diciembre de 1933, lo cual, aunado a la alta inmigración de población del resto de América, Europa y Asia; la conformación de círculos de miseria, en donde cada grupo social formaba comunidades que resguardaban sus raíces étnicas y culturales; la falta de empleo y las constantes revueltas sociales en Chicago, hicieron de ésta ciudad, una ciudad sin Ley, desde donde la violencia, la muerte y la boyante corrupción política y policial, permearon a toda la sociedad estadunidense. Durante este período de prohibición del alcohol, grupos delincuenciales mexicanos, tuvieron una importante participación.
Ante este panorama, Cressey y Sutherland, realizaron investigaciones sobre los principales grupos delincuenciales y los mecanismos de corrupción que permitían la delincuencialización de la sociedad, mientras los medios de comunicación dignificaban, tanto a políticos corruptos, a integrantes de los grupos delincuenciales, así como a los cuerpos policiales.
Como resultado, Sutherland y Cressey, desarrollan una “teoría general del delito y la delincuencia”, descrita en la obra «Principios de Criminología» (1939), en la cual explica su teoría de la “Asociación diferencial”, cómo los «desviados» aprenden conocimientos técnicos o desviados para realizar actividades delictivas; y como el desarrollo de patrones delincuenciales surgen de la relación con delincuentes, y no con quienes no cometen delitos.
Sutherland utilizó por primera vez el término «delincuentes de cuello blanco», en un discurso ante la Asociación Estadunidense de Sociología (27 de diciembre de 1939), al cual definió como «delito cometido por persona de respetabilidad y de alto estatus social en el curso de su ocupación».
Cressey, por su parte, escribió Other People’s Money, un estudio sobre malversación de fondos, además de escribir el célebre ensayo “robo de la Nación”, tratado sobre la Cosa Nostra, y “pequeñas organizaciones criminales”, en la que desarrolla su teoría de la «delincuencia organizada», término bajo el cuál, describe grupos delictivos de la Cosa Nostra y todas sus redes de corrupción, con los altos estratos de la política estadunidense, la alta sociedad, los empresarios y los grupos policiales de los Estados Unidos.
Sutherland & Cressey afirman que para que exista delito se deben reunir tres condiciones:
Valores distorsionados, ignorados o negados por los criminales; apreciados por la mayoría de la sociedad global o por los que son políticamente importantes.
b) El aislamiento de ciertos grupos hace que se separen de las normas de cultura global y se conflictúen con ella.
c) La mayoría marca a las minorías, las cuales son sujeto de sanciones.
Según esta teoría, las personas realizan conductas delincuenciales por las siguientes razones:
1º. Todas las personas, independientemente de su estatus social, son susceptibles de cometer delitos.
2º. El comportamiento criminal es aprendido (no heredado o hereditario).
3º. El comportamiento criminal es aprendido en adherencia con otras personas mediante la comunicación.
4º. El comportamiento criminal, se aprende, sobre todo, en el interior de un grupo restringido de relaciones personales.
5º. Cuando la conducta criminal es aprendida, el aprendizaje incluye:
Técnicas de comisión del crimen, algunas veces complejas, en otras
ocasiones simples.
b) Orientación de móviles, tendencias impulsivas, razonamientos y actitudes.
6º. La orientación de móviles y tendencias impulsivas, está en función de la interpretación favorable o desfavorable de las disposiciones legales.
7º. El delincuente se hace, cuando las interpretaciones desfavorables respecto de la ley, superan a las interpretaciones favorables. Además, porque está en contacto con modelos criminales, y no ante modelos anticriminales (asociación diferencial).
8º. El proceso de aprendizaje de la conducta criminal por asociación con modelos criminales o anticriminales incluye todos los mecanismos incluidos en todo aprendizaje.
9º. El comportamiento criminal expresa un conjunto de necesidades y de valores, aunque no se explica por esas necesidades y esos valores; el comportamiento no criminal es expresión de las mismas necesidades y de los mismos valores.
Las normas y los valores éticos, son muy importantes, si se introyectan adecuadamente, se rechaza la influencia de personas o conductas criminales.
EL DELITO DE CUELLO BLANCO
Cressey lo definió como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto en el curso de su ocupación”.
Así se refiere a funcionarios de empresas o burócratas de alto nivel (en oposición con el personal de “cuello azul”, los obreros que usan overol o ropa de mezclilla); el delincuente de cuello blanco, es el típico empleado de alto nivel o funcionario, participa regularmente en casos de delincuencia organizada y reúne determinadas características:
1) Operan la delincuencia empresarial; empresarios y funcionarios contratados por éstos, son persistentes, la reincidencia es común.
2. Tienen miedo a la denuncia.
3. Los hombres de negocios que cometen este tipo de delincuencia, desprecian la ley, al gobierno y a sus representantes.
4. Son delincuentes bien organizados. A diferencia del ladrón común, el de cuello blanco no pierde su estatus, no se ve a sí mismo como delincuente, la sociedad tampoco lo percibe como tal.
5. Expresan públicamente adhesión a la ley, pero en privado la violan.
6. Sus delitos son ocultos; evade la acción de la justicia a través de relaciones de alto nivel y de expertos abogados.
7. Muchas de las grandes fortunas se deben a ésta práctica ilícita.
Sutherland estudió setenta grandes corporaciones, detectó violaciones a la ley de comercio, a patentes, marcas y derechos de autor, publicidad fraudulenta, prácticas laborales injustas, manipulaciones financieras y “crímenes de guerra”, el criminal aprovechamiento de conflictos armados para saquear y atropellar a otras naciones y apropiarse de sus recursos.
Sutherland destrozó el mito de la igualdad ante la ley.
VISIÓN DE DONALD CRESSEY SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Cressey descubrió activa participación gubernamental en la delincuencia organizada, resultado de testimonios de miembros de la Cosa–Nostra, juzgados y sentenciados.
Cressey describió su estructura como una organización burocrática, empresarial, con una jerarquía rígida, un código de conducta (omertá), que abarcaba a todos sus miembros, conectados a los primeros niveles de gobierno, que eran quienes funcionaban como sociedad secreta.
Los mafiosi estaban integrados por veinticuatro «famiglias», que controlaban las grandes ciudades de los Estados Unidos, dirigidas por «La Comisión», encargada de supervisar, planificar y coordinar las estrategias delictivas.
Cada «famiglia» estaba integraban por niveles jerárquicos de mando, el jefe (boss), se encontraba en la cúspide de la pirámide, hasta la tropa, el subjefe o los lugartenientes. Los objetivos de la organización eran diseñados por «la Comisión» y se transmitían por cadena de mando desde los superiores hasta los elementos operativos de cada célula del grupo.
La principal conclusión de Sutherland y Cressey fue que, el Gobierno, y nadie más, crea y administra la corrupción, controla a la sociedad, quién a su vez, a través del pago de impuestos, subsidia y mantiene al gobierno. El Gobierno, de manera subrepticia, crea, administra y tolera los mercados ilegales de todo tipo de artículos y objetos, también crea los mecanismos legales e ilegales, mediante los cuales, los delincuentes que manejan los mercados ilegales, gozan de impunidad.
Mientras, la sociedad requiere los artículos que puede obtener en los mercados ilegales, drogas, beneficios económicos, impunidad, estatus, etc. Los mercados ilegales son manejados por la Delincuencia Organizada, el Gobierno y sus operadores; quiénes, paradójicamente, niegan su relación. El Gobierno asegura combatir a la delincuencia, en un claro ejercicio de corrupción; el Gobierno también tuerce la acción de la justicia y la ley para proteger a la delincuencia bajo su tutela.
Gobierno y operadores monopolizan actividades como la política, la prostitución, la extorsión o el tráfico de drogas, son los que verdaderamente conforman, la “Delincuencia Organizada”, minan la moral pública y terminan por crear un estado de aceptación social que a su vez, promueve entre la sociedad la realización de este tipo de actividades.
La violencia se utiliza de manera sistemática contra los que tratan de desafiar estos monopolios, contra quienes rompen la disciplina de la organización o contra quienes dan pruebas a la policía o tribunales sobre estos grupos.
Las organizaciones delincuenciales están profundamente insertadas en el orden social y político, en la mayor parte de los casos, la policía atrapa a los individuos, pero no elimina la organización, a la cual consideran un “mal necesario”, utiliza los medios para, en apariencia reducirlos, pero en realidad, no detiene sus actividades, porque éstas les reditúan beneficios de todo tipo y cuantiosas riquezas, de manera contraria, el poder político, cabeza de éstas organizaciones, crea mecanismos de complicidades para su protección y fomento de sus actividades, mientras declaran un feroz combate a éstas organizaciones a las cuales describen con un poder autónomo.
Las organizaciones delincuenciales tienen acceso a conocimientos legales, financieros y contables, asociados a actividades comerciales legítimas.
Las organizaciones delincuenciales tienen influencia e intervienen a su favor sobre los procesos político, económico, administrativo y judicial.
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO
La delincuencia organizada está íntimamente relacionada a la historia de México, los primeros antecedentes se dan desde la colonia; en 1539 se establece la primer casa de mancebía o prostitución, en la ciudad de México, definida por el clero, como mal necesario, el clero a su vez administraba las casas de prostitución, las cuáles eran provistas de material femenino por traficantes de personas, o “tratantes de blancas”, en virtud de que sólo se permitía ejercer la prostitución a mujeres peninsulares o europeas con ése color de piel, mientras que a las indígenas no les era permitido ejercer éste tipo de prácticas, eran juzgadas por el tribunal de la Santa inquisición, cuando existía sospecha de ejercer la prostitución. La Santa Inquisición, protegía a los tratantes de blancas, les otorgaba estatus nobiliario y protección, mientras éstos contribuían a llenar las arcas del reino.
En la modernidad, todas las actividades políticas, productivas, sociales, empresariales o delincuenciales, son operadas y controladas por la delincuencia organizada, la cual, al igual que las organizaciones estadunidenses de principios del siglo pasado, están dirigidas desde la cúpula del poder, desde donde se crea una extensa red de complicidades operativas, en las cuales participan diversos sectores sociales. El país, más que nunca, ha sido permeado por grandes organizaciones delincuenciales quienes organizan, administran, venden, concesionan, establecen mecanismos retributivos a favor de sus propios intereses, extorsionan y utilizan todo tipo de violencia a su favor.
La historia de la delincuencia organizada en México refiere que, originalmente, los grupos delincuenciales eran una entidad separada del poder político, pero leales a éste, y además, operaban para ellos, así, un grupo operaba actividades delincuenciales mientras el otro lo permitía y cuidaba de éstos grupos, los cuales guardaban lealtad a instituciones como el ejército o a algunas corporaciones policíacas, pero además, era común y casi natural, que gran parte de la delincuencia operara para éste tipo de instituciones.
El poder político no es sino el instrumento para establecer mayores controles de operación delincuencial en todo el territorio nacional. Mientras el discurso político refiere, el establecimiento de un régimen de justicia sustentado en las leyes, es el propio sistema político el cuál, en la práctica, tuerce lo legal y la justicia para favorecerse a sí mismo y perpetuarse en el poder para mantener su estatus en las actividades delictuosas.
Desde siempre, el gobierno federal, estatal o municipal, tienen la capacidad de eliminar física o políticamente, mediante amenazas, agresiones o actos de intimidación de todo tipo, a sus opositores o aquellos que les resulten incómodos; las agresiones pueden derivar en la muerte del opositor, su desaparición o daño físico, tanto de los principales opositores implicados, como de sus familiares, o de integrantes de los medios de comunicación, y de todo aquél que represente un peligro para los fines políticos o de control, de grupos encumbrados en el poder.
La estela de violencia, secuela de las recientes elecciones en nuestro país, dejaron un panorama desolador, marcado por la violencia; candidatos asesinados, otros más secuestrados, amenazados, u obligados a dimitir a sus candidaturas.
La violencia estuvo repartida por igual a candidatos de casi todos los partidos políticos; la delincuencia no sólo operó para eliminar a los otros candidatos, también fueron dirigidos para impedir la llegada de sus némesis al final de las elecciones; otros grupos delincuenciales también operaron hordas de militantes que ejercieron agresiones directas a sus contrincantes y a sus familiares, inclusive, agresiones y daños en sus propiedades;
Se atentó en contra del honor y la probidad de casi todos los candidatos, se puso en marcha a hordas de compradores de votos a favor de representantes que pertenecían a grupos delincuenciales, que a pesar de que sus actividades son del dominio público, no hubo autoridad alguna que ejerciera justicia y pusiera coto a estos actos.
Las instituciones responsables de sancionar y descalificar a candidatos que, inclusive con pruebas conocidas, pertenecientes a bandas delincuenciales, o que en anteriores ocasiones funcionaron como operadores de otras tantas acciones delictivas, concluyeron sus jornadas sin mayores consecuencias; Instituciones creadas para sancionar e impedir que éstos actos influyeran en el resultado final, permanecieron omisas, en un claro acto de irresponsabilidad.
Una que no establece sanciones para aquellas instituciones o funcionarios cuya labor es, precisamente, hacer cumplir la justicia durante el proceso electoral y evitar que todos estos actos pudieran influir en el resultado de la elección. La jornada electoral exhibió a un frágil estado de Derecho, en donde la Delincuencia organizada ejerce un poder fáctico real, por encima del Derecho y la Justicia, encima de instituciones y funcionarios encargados de aplicar la Ley;
El progreso de la delincuencia organizada en nuestro país ha generado un nuevo ente político social, el cual, ya no se sirve de grupos delincuenciales para sus intereses, sino que son los propios grupos delincuenciales quienes imponen a uno de sus integrantes para ejercer tanto el control político, como el control y la operación de todas las actividades delincuenciales, inclusive las correspondientes al artículo 2o de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que sanciona y castiga este tipo de delitos.
El panorama es desolador, mientras tanto, los discursos de los propios políticos hablan de ejercer un severo combate a la delincuencia organizada, aunque en la mayoría de los casos, son los mismos que dirigen las bandas encargadas de operar este sistema delincuencial. La política entendida como
el ejercicio del poder no a favor de la sociedad, sino a favor de los intereses particulares, ha permeado a casi toda la sociedad, en este caso, las actividades delincuenciales desde los primeros niveles de gobierno, han sido asimilados positivamente por la sociedad, quien ya lo considera como una actividad normal y propia de los políticos, mientras el Derecho Penal ha sido ubicado como una mera entelequia, sin que exista un cuerpo social del Estado, capaz de ejercerlo con la correspondiente autoridad, por la razón de que, muchos de los responsables de ello, son los que, paradójicamente, son los principales interesados en que no se ejercite la acción de la justicia en razón de que afectaría sus propios intereses. De esta forma, evitan ser perseguidos y sancionados por los delitos que cometen y evitan la pena o castigo de los mismos.
Pero lo más desolador de todo esto, es la sensación de impotencia de la sociedad, con resultados nefastos, una gran impunidad de quienes han cometido agravios, y en muchos de los casos, de manera también impune, ejercerán las funciones de representantes populares en casi todos los niveles de gobierno, otra vez, funcionarios e instituciones son rebasados por los actos de corrupción y complicidades.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de «alianzas y vínculos» que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; y con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.
Especialista en Derecho penal y control social
@hechoencanada