 para que informe las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de covid-19 por el regreso a clases presenciales. Esto como consecuencia del amparo interpuesto por el Movimiento Educación con Rumbo, el cual busca que el Poder Judicial garantice que la decisión del gobierno de regresar a clases de manera presencial, salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños de primaria y secundaria. El amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021. La organización explicó, en un comunicado, que recurrieron a esta acción debido a que las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del covid-19 que afecta principalmente a estudiantes de educación básica. Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, precisó que la causa para presentar el amparo no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las autoridades para garantizar que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños. El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos de los niños, pues se dirige a garantizar su derecho humano a la vida, la supervivencia y al más alto estándar de protección de salud y educación, de conformidad con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.){kind=link}
Redacción
El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que informe las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de covid-19 por el regreso a clases presenciales.
Esto como consecuencia del amparo interpuesto por el Movimiento Educación con Rumbo, el cual busca que el Poder Judicial garantice que la decisión del gobierno de regresar a clases de manera presencial, salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños de primaria y secundaria.
El amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021.
La organización explicó, en un comunicado, que recurrieron a esta acción debido a que las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del covid-19 que afecta principalmente a estudiantes de educación básica.
Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, precisó que la causa para presentar el amparo no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las autoridades para garantizar que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos de los niños, pues se dirige a garantizar su derecho humano a la vida, la supervivencia y al más alto estándar de protección de salud y educación, de conformidad con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.