CORTE INICIA DISCUSION SOBRE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA

Tres ministros se pronuncian contra el proyecto; un ministro se suma al proyecto de Aguilar Morales*

Pablo Daniel N.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), donde el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, dijo que esta medida cautelar limita la libertad personal, atenta contra los derechos humanos y se convierte en una pena anticipada.
Además, agregó, va en contra del propio sistema penitenciario y los fines de la reinserción social, porque la vigencia de esta medida provoca el aumento de la población penitenciaria, lo que afectará la capacidad del Estado para garantizar las condiciones optimas en los centros de reinserción.
Aguilar Morales dejó claro que no propone desaparecer la PPO, sino que esta solo se aplique por el juez cuando el Ministerio Público justifique que la persona detenida es un riesgo para la sociedad en general, para las víctimas o testigos, o haya indicios de que evadirá la justicia.
Dejó claro que cuando la PPO se impone de manera automática, es contraria a los derechos humanos, la presunción de inocencia, ya que se aplica como una pena anticipada.
Por esta razón, propuso declarar la invalidez del artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, los cuales guardan relación con los delitos de contrabando y su equiparable defraudación fiscal, así como expedición y compra-venta de comprobantes fiscales, mejor conocidos como factureros.
Añadió que el artículo 19 constitucional establece un catálogo de delitos para aplicar la PPO en diversos delitos, por lo que propuso hacer una nueva interpretación de este precepto.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció en contra porque dijo que en la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca tuvo la intención de impugnar la Constitución Federal, por lo que consideró inadecuado que el proyecto incluya al artículo 19.
Advirtió que hoy son testigos de un reclamo social para que se castigue a los delincuentes, por lo que ignorar lo que sucede en otras partes del país, sería dar la espalda a miles de personas.
Consideró que la SCJN no tiene facultades para inaplicar una norma de la Constitución.
A su vez, la ministra Loretta Ortiz Ahfl también se manifestó en contra y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce la necesidad de la prisión preventiva en algunos casos.
Añadió que la inaplicación de un artículo de la Constitución Federal los llevaría a cuestionar la división de poderes y el Estado de Derecho. “Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a defender la ley suprema, llamáramos a desaplicarla”, expresó.
Al respecto, el ministro Alberto Pérez Dayán manifestó estar en contra de la propuesta de Aguilar Morales, porque subrayó que no pueden invalidar la Constitución.
“No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, apuntó.
Pérez Dayán enfatizó que por muy controvertida que sea la PPO no es la Corte en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca
Finalmente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá declaró que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.
Dijo estar de acuerdo con el proyecto de Aguilar Morales, pero expuso que no puede inaplicar un artículo, pero sí realizar una interpretación.