Adamaris López
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a efecto de impugnar la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED).
Durante la sesión de este lunes, el pleno del Máximo Tribunal invalidó la fracción V del artículo primero de la legislación, debido a que es imprecisa sobre la aplicación de esta medida en delitos de orden común.
Al respecto, la ministra Norma Piña Hernández, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, determinó que la norma no cumple con el estándar de seguridad jurídica.
“Esta norma no satisface el estándar de seguridad jurídica exigible, pues desde un punto de vista lingüístico, admite, al menos, dos interpretaciones con resultados incompatibles, de manera que los potenciales afectados no pueden anticipar, con un mínimo de certeza, sí los delitos equivalentes de las legislaciones locales son susceptibles de extinción de dominio o no. Ello dependerá, en todo caso, de la discrecionalidad del interprete”.
La mayoría de ministros puntualizaron que la discusión de este tema debe basarse sobre el artículo 22 de la Constitución, el cual, advirtieron, contiene fallas en su diseño legislativo. Por ello, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dejó en claro que cualquier efecto pernicioso no será responsabilidad del Alto Tribunal.
“Quiero ser muy claro que, si se llega a una declaratoria de invalidez, y esto genera determinados efectos perniciosos o afecta determinados procesos, no es responsabilidad de este tribunal constitucional, que lo único que estamos haciendo es constatar si la ley nacional es acorde o no al texto del artículo 22 constitucional, a mí me parece que no lo es”.
En ese sentido, los ministros declararon inconstitucional el segundo párrafo del artículo 5 de la LNED que establecía una reserva de información absoluta sobre el trámite que se hace ante el Ministerio Público para aplicar una extinción de dominio.