 advirtió que las 21 órdenes de aprehensión que un juez federal había girado contra exfuncionarios y militares por el caso Ayotzinapa, y que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló luego de que su propia unidad especial las solicitó, sí tenían elementos válidos para haberse sostenido. En una conferencia de prensa rendida para dar su informe final sobre el trabajo realizado, el grupo criticó severamente la actuación de la FGR a la que acusó de caer en “simulaciones” e “investigaciones falsas” que afectan los avances que se venían obteniendo en los últimos años y comprometen el esclarecimiento del caso.La investigadora Ángela María Buitrago, integrante del GIEI y quien desde hace varios años ha dado un seguimiento directo al caso y ha participado en las investigaciones, cuestionó principalmente la decisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de cancelar dichas órdenes, hechos que finalmente propiciaron la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo.“Es necesario que paren las simulaciones, que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo investigaciones falsas me refiero a la investigación de la Visitaduría General de la FGR (ordenada por Gertz) con la que se justificó la revocatoria de 21 órdenes de captura. Cuando nosotros vemos que esa Visitaduría entró lo denunciamos públicamente porque fue un mecanismo de presión, y eso causa la salida de Omar (el fiscal especial) y de otros fiscales”, dijo la investigadora.Originalmente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)había solicitado a un juez federal que concediera más de dos decenas de órdenes de arresto en contra de elementos de diversos niveles de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusándolos de estar coludidos con grupos criminales en Guerrero y de haber sido negligentes, e incluso partícipes, en la desaparición y potencial asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.El juez que recibió la información validó los datos y consideró que eran suficientes y lógicos para presumir que los militares y exfuncionarios participaron en dichos actos, así como que era necesario presentarles a una audiencia inicial a través de una orden de captura y no de un citatorio voluntario.Sin embargo, sorpresivamente la FGR luego se desistió de dichas órdenes de captura y solo mantuvo cuatro que fueron cumplimentadas posteriormente. Aunque la FGR nunca hizo un pronunciamiento oficial para explicar estos hechos autoridades federales confirmaron que fue resultado de una intervención de la Visitaduría General en el trabajo de la UEILCA, y de la conclusión a la que llegó la primera de que no había elementos para sostener las órdenes de captura. En cambio, y contrario a la estrategia de la Unidad especial, la Visitaduría procedió con la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.“Es inconcebible que habiendo estado la Visitaduría apenas cinco días en donde no conoció la investigación, sea realmente el fundamento para cancelar órdenes de captura que sí tenían elementos probatorios”, añadió María Buitrago.En la conferencia de prensa rendida esta mañana los expertos del GIEI coincidieron en señalar que existen injerencias en la autonomía de la Fiscalía que pueden comprometer el futuro de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De la misma forma, cuestionaron el hecho de que unilateralmente el gobierno haya designado a un nuevo encargado de la UEILCA, sin consultar con los familiares y sus abogados.Los especialistas también presentaron un resultado de un peritaje internacional que practicaron a 467 mensajes de whatsapp que la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (bajo jurisdicción del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas) incluyó en su informe especial del caso, y en la que supuestos criminales y militares describen las actividades que llevaron a cabo en torno a la desaparición de los estudiantes la noche en que ocurrieron los hechos.Dicho peritaje concluyó que la veracidad de esos mensajes no puede ser corroborada y que potencialmente son falsos. Por esa razón recomendaron que no sean usados en ningún procedimiento judicial.***){kind=link}
La Querella
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió que las 21 órdenes de aprehensión que un juez federal había girado contra exfuncionarios y militares por el caso Ayotzinapa, y que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló luego de que su propia unidad especial las solicitó, sí tenían elementos válidos para haberse sostenido.
En una conferencia de prensa rendida para dar su informe final sobre el trabajo realizado, el grupo criticó severamente la actuación de la FGR a la que acusó de caer en “simulaciones” e “investigaciones falsas” que afectan los avances que se venían obteniendo en los últimos años y comprometen el esclarecimiento del caso.
La investigadora Ángela María Buitrago, integrante del GIEI y quien desde hace varios años ha dado un seguimiento directo al caso y ha participado en las investigaciones, cuestionó principalmente la decisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de cancelar dichas órdenes, hechos que finalmente propiciaron la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo.
“Es necesario que paren las simulaciones, que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo investigaciones falsas me refiero a la investigación de la Visitaduría General de la FGR (ordenada por Gertz) con la que se justificó la revocatoria de 21 órdenes de captura. Cuando nosotros vemos que esa Visitaduría entró lo denunciamos públicamente porque fue un mecanismo de presión, y eso causa la salida de Omar (el fiscal especial) y de otros fiscales”, dijo la investigadora.
Originalmente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)había solicitado a un juez federal que concediera más de dos decenas de órdenes de arresto en contra de elementos de diversos niveles de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusándolos de estar coludidos con grupos criminales en Guerrero y de haber sido negligentes, e incluso partícipes, en la desaparición y potencial asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El juez que recibió la información validó los datos y consideró que eran suficientes y lógicos para presumir que los militares y exfuncionarios participaron en dichos actos, así como que era necesario presentarles a una audiencia inicial a través de una orden de captura y no de un citatorio voluntario.
Sin embargo, sorpresivamente la FGR luego se desistió de dichas órdenes de captura y solo mantuvo cuatro que fueron cumplimentadas posteriormente. Aunque la FGR nunca hizo un pronunciamiento oficial para explicar estos hechos autoridades federales confirmaron que fue resultado de una intervención de la Visitaduría General en el trabajo de la UEILCA, y de la conclusión a la que llegó la primera de que no había elementos para sostener las órdenes de captura. En cambio, y contrario a la estrategia de la Unidad especial, la Visitaduría procedió con la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Es inconcebible que habiendo estado la Visitaduría apenas cinco días en donde no conoció la investigación, sea realmente el fundamento para cancelar órdenes de captura que sí tenían elementos probatorios”, añadió María Buitrago.
En la conferencia de prensa rendida esta mañana los expertos del GIEI coincidieron en señalar que existen injerencias en la autonomía de la Fiscalía que pueden comprometer el futuro de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De la misma forma, cuestionaron el hecho de que unilateralmente el gobierno haya designado a un nuevo encargado de la UEILCA, sin consultar con los familiares y sus abogados.
Los especialistas también presentaron un resultado de un peritaje internacional que practicaron a 467 mensajes de whatsapp que la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (bajo jurisdicción del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas) incluyó en su informe especial del caso, y en la que supuestos criminales y militares describen las actividades que llevaron a cabo en torno a la desaparición de los estudiantes la noche en que ocurrieron los hechos.
Dicho peritaje concluyó que la veracidad de esos mensajes no puede ser corroborada y que potencialmente son falsos. Por esa razón recomendaron que no sean usados en ningún procedimiento judicial.