Belem Rojas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un nuevo modelo de verificación de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México, que priorizó la prevención y la corrección de irregularidades. La estrategia contempló apercibimientos antes de suspender actividades y medidas para combatir la corrupción durante las inspecciones.
Brugada anunció que los negocios de bajo impacto no serían clausurados como primera medida, por su importancia para la economía local, aunque aclaró que las faltas graves podrían derivar en su cierre. Para estos establecimientos se contemplaron tres apercibimientos y, en una cuarta intervención, la suspensión de actividades.
Para los giros de mediano impacto, entre ellos restaurantes, cines, teatros y cafeterías, el esquema estableció dos apercibimientos antes de la suspensión. En los de impacto zonal, como bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos, se previó un apercibimiento previo a esa medida, debido a sus efectos en el entorno y a la venta de alcohol.
La mandataria informó que las visitas deberían contar con una orden digital cuya autenticidad y vigencia pudieran comprobarse, con el propósito de impedir inspecciones irregulares. “Si no hay orden válida, no hay verificación”, afirmó al presentar las acciones contra la corrupción.
El personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) sería sometido de manera permanente a exámenes de control de confianza y utilizaría uniformes, identificaciones inteligentes y cámaras corporales y manuales para registrar las diligencias. También se anunció la línea Verificatel, mediante la cual los comerciantes podrían corroborar la identidad de los inspectores y la legalidad de las visitas.
Brugada señaló que las multas deberían pagarse directamente en la Tesorería y que su cumplimiento sería un requisito para reabrir los establecimientos sancionados.
El titular del INVEA, Jorge Salvador Esquinca Montaño, explicó que se agilizarían los procedimientos administrativos para resolver la situación de los negocios verificados. Las audiencias podrían solicitarse por correo electrónico o teléfono y deberían celebrarse en un plazo máximo de 10 días.
El modelo también contempló verificaciones voluntarias a solicitud de los propietarios, para conocer si sus negocios cumplieron con la normativa e identificar los aspectos que necesitaran corregir.