Por: Alberto Abrego
“Evidentemente se sigue investigando, no está cerrada la investigación, esto es y no se va a cerrar hasta que se encuentre la verdad”.
“Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos además a los familiares en su dolor y además es una herida abierta para todo México”.
Presidenta Claudia Sheinbaum
El 28 de septiembre, el Gobierno Federal – a través del Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán- presentó un informe actualizado sobre el estado de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
A 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades encargadas explicaron los puntos clave sobre el avance de sus investigaciones y revelaron las nuevas líneas de investigación: la funeraria “El Ángel” en Iguala Guerrero donde se localizaron certificados de defunción, documentos para traslado de cadáveres y autorizaciones irregulares con firmas y sellos oficiales en blanco; además de 17 personas más presuntamente involucradas. Información nueva descubierta 12 años después, que refleja ocultamiento o incapacidad de quienes abrieron la investigación y crearon la famosa “verdad histórica”.
Pareciera que la investigación avanza, sin embargo, a 12 años de los sucesos resulta ser muy poco. A pesar de que se presentaron nuevos avances técnicos en informes sigue sin saberse el paradero de los estudiantes y no ha habido pruebas científicas que sean concluyentes.
La demanda principal sigue siendo la misma: ¿Dónde están los normalistas?
Y aunque el informe enfatiza la responsabilidad de mandos locales, regionales e implicados directos de esa época, no deslinda responsabilidades hacia las cúpulas políticas del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hace falta explicar con claridad por qué no se ha avanzado en la rendición de cuentas de los creadores de la llamada “verdad histórica”.
Es cierto que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo avances y se catalogó el hecho como un “crimen de estado” y se emitieron órdenes de aprehensión contra algunos “peces gordos”. Pero no ha sido suficiente.
El caso Ayotzinapa evidencia problemas históricos en el sistema de justicia de nuestro país. La falta de voluntad política para resolver, la impunidad, la corrupción, el encubrimiento y la debilidad de algunas instituciones acentúan esta deuda histórica, que sigue pendiente.
Sí, algunos están en la cárcel, pero falta mucho por resolver. Más de una década de impunidad desgastan la relación entre autoridades y los padres que buscan la verdad y a sus hijos. Cuando el estado determine esa verdad contundente, habrá ganado en credibilidad y confianza, y habremos ganado todos.
Mientras tanto, el tiempo transcurre, los gobiernos cambian y las respuestas al pueblo mexicano y a esas 43 familias se ven cada vez más lejanas. La pregunta obligada es ¿seguirán pasando los años con “avances sustanciales en la investigación”, o por primera vez, se podrán dar respuestas claras de qué pasó con los 43 estudiantes que decidieron desafiar al sistema político y que pagaron con su vida?
Y la pregunta que permanece hoy más vigente que nunca: ¿Dónde están los estudiantes?