Anula SCJN decreto de Morena que permitía a funcionarios públicos hacer propaganda en procesos electorales

Por Pablo Daniel N.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuló el decreto aprobado por Morena en el Congreso de la Unión, en el cual se interpreta el el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas.

Al respecto, la Corte determinó que las reformas eran contrarias al artículo 105 fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución, el cual establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

“En el caso se actualiza la violación a la veda legislativa, ya que el decreto interpretativo desde su entrada en vigor el 18 de marzo de 2022, es un hecho notorio, estaban ya en curso seis procesos electorales locales, así como el proceso federal de revocación de mandato», dijo la ministra Yasmín Esquivel, quien tuvo a su cargo el proyecto.

Además, el decreto impugnado también establecía modificaciones legales fundamentales en normas sobre propaganda gubernamental, imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, así como en la aplicación de sanciones y, además, fue publicado durante el periodo de veda legislativa de diversos procesos electorales locales, así como estando en curso el pasado proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.

De acuerdo con el proyecto, la Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadana, así como diversos diputados y senadores.

Dicha reforma, fue presentada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna y aprobada en fast track, sin considerar las opiniones de comisiones o diputados de oposición, quienes de inmediato impugnaron la iniciativa.

El decreto en el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, Principio de Imparcialidad y Aplicación de Sanciones, tenía el objetivo de que gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes y demás funcionarios pudieran promocionar la consulta de revocación, que legalmente solo tocaba publicitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Según el decreto, no se trataba de propaganda gubernamental, y no afectaba la equidad en las contiendas ni debían ser sancionadas «las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables».

Por ello, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a 17 mandatarios estatales, integrantes del gabinete presidencial y líderes de Morena por haber hecho declaraciones públicas a favor del proceso de revocación de mandato.